Iván Restrepo

Se supone que las universidades públicas y privadas de México cuentan con un consejo directivo, con instancias que se ocupan de garantizar el buen uso de los recursos que reciben del gobierno y el sector privado. Se supone. Pero han fallado en diversas ocasiones. Una reciente se refiere a la Universidad de Nayarit, cuyo anterior rector, Juan López Salazar, está en problemas con la justicia al detectarse que ordenó depósitos por más de 330 millones de pesos en cuentas bancarias a nombre de dos vigilantes de la institución. Mientras, la universidad nayarita padece severos problemas económicos que limitan su quehacer en la enseñanza y la investigación.

Seguramente los lectores ya olvidaron que en 2013 la Universidad Autónoma de Morelos firmó un contrato por 667 millones de pesos con la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) para realizar el aprovisionamiento y distribución de equipo y material de apoyo para la operación de promotores del programa Ruta sin Hambre en 400 municipios.

La universidad contrató a la empresa Grupo Comercializador Cónclave SA de CV para realizar el trabajo, pero la Auditoría Superior de la Federación (ASF) nunca pudo encontrar a la empresa.

Realizó una visita en dos domicilios: el que se consigna en la factura emitida y el que aparece en la cuenta bancaria donde se depositaron los recursos federales por parte de la universidad. En ninguno localizaron la citada empresa. En el primero se encuentran consultorios médicos, y en el otro, un despacho de abogados.

Desvíos también se comprobaron en 2015 en el Instituto Politécnico Nacional por 171 millones de pesos. Tuvo que renunciar a su cargo el director de recursos materiales y servicios, Enrique Mata Campanato. También se denunció un posible fraude en la Universidad Tecnológica de Querétaro por cuenta del rector, Salvador Lecona, señalado de recibir mensualmente 15 por ciento del total de las ventas de la cafetería de la institución, que funcionaba sin contrato ni licencias. Se sospecha que en otras instituciones de educacion, manejadas por grupos político-caciquiles, también hay desvío de recursos, enriquecimiento de sus dirigentes, escudados en una mala interpretacion de la autonomía universitaria. Y para documentar nuestro pesimismo agreguemos el fraude académico que involucró a 27 estudiantes de la maestría en derecho energético de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El coordinador de la maestría, Rodrigo Alanís, alteró las calificaciones para que resultaran aprobados los 27 estudiantes. Fue separado de su cargo y la universidad lamentó el fraude cometido.

En México diversos centros de investigación estudian los problemas relacionados con la calidad del agua en mar y tierra. Forman parte de varias universidades, como el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad Nacional Autónoma de México, o el Consorcio de Instituciones de Investigación Marina del Golfo de México y del Caribe (CiiMAR-GoMC), con sede en Villahermosa, Tabasco. Además, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, dependiente del sector público, se ocupa de todo relacionado con tan indispensable recurso. Sin embargo, en 2015 la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pagó irregularmente 25 millones de pesos a la Universidad de Tel Aviv a cambio de realizar tres estudios sobre contaminación del agua en México.

El responsable de esa adjudicación fue David Korenfeld, entonces director de la citada comisión, quien tuvo que renunciar en medio del escándalo público por usar, entre otras cosas, varias veces un helicóptero federal para disfrute de él y su familia. Pese a ello, y en recompensa por los estudios que le adjudicó y que técnicamente dejaron mucho qué desear, tres meses después de su vergonzosa salida de Conagua, la Universidad de Tel Aviv le otorgó el doctorado honoris causa por su liderazgo y por las políticas del agua en México. Y por su distinguida posición dentro de la comunidad judía mexicana y su activo fomento de lazos de cooperación en el campo del agua entre Israel y México.

Además, lo designó presidente del Consejo Directivo del Centro Internacional del Agua. Distinciones que en nada honran a quienes las ­conceden.