En forma característica de generalización tuitera que tan buenos resultados le ha aportado, el presidente Donald Trump calificó a los inmigrantes que están siendo deportados de Estados Unidos como pandilleros y narcotraficantes. Semejante postura fue ratificada ayer por el secretario de Seguridad Interior de la nación vecina, John Kelly, quien aseguró en una nota oficial que de los 680 extranjeros indocumentados que fueron arrestados la semana pasada en distintas ciudades, apoximadamente 75 por ciento son criminales, condenados, según afirmó, por homicidio, abuso sexual, narcotráfico, desórdenes, portación ilegal de armas o por conducir en estado de embriaguez. Los detenidos, dijo el funcionario, representaban una amenaza a la seguridad pública, a la seguridad de nuestras fronteras y a la integridad del sistema migratorio del país.

Sin embargo, el sábado pasado, el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) había señalado que los arrestos referidos eran operaciones rutinarias, lo que indicaría que los detenidos son simplemente personas sin documentos migratorios.

Por su parte, organizaciones de defensa de migrantes han denunciado un incremento en la frecuencia e intensidad de las redadas de los agentes del ICE contra extranjeros sin acusaciones penales.

Lo cierto es que el gobierno de Trump ha vuelto a tender sobre su política xenofóbica la cortina de humo del combate a la criminalidad, tal y como lo hizo desde que era precandidato presidencial, cuando expresó su generalización de que los mexicanos que llegan a Estados Unidos son violadores y traficantes de drogas, y que no existe información oficial precisa que permita determinar, más allá de los dichos de Kelly, cuántos de los deportados se encuentran, efectivamente, involucrados en actividades delictivas.

Tales actitudes de la Casa Blanca socavan el orden legal en la medida en que inducen de manera deliberada a una confusión entre los delitos y las infracciones administrativas, lo que facilita la persecución en contra de quienes se encuentran en territorio estadunidense sin contar con una visa o permiso de trabajo, falta que corresponde a la segunda de esas categorías y que desde ninguna perspectiva puede considerarse un crimen.

Por añadidura, las expresiones de Trump y de sus subordinados contribuyen a exacerbar entre sectores de la sociedad los sentimientos xenófobos que han sido agitados por el magnate neoyorquino durante su campaña presidencial y en las primeras semanas de su gestión.

Resulta imperativo exigir que se detenga la campaña de odio contra los extranjeros en el país vecino, particularmente de los mexicanos, y que cese la cacería migratoria. Así como la desembozada misoginia de Trump generó amplias protestas, el recrudecimiento del embate racista debe ser enfrentado con movilizaciones de los sectores e individuos estadunidenses comprometidos con los derechos humanos y los valores universales.

Por su parte, las autoridades nacionales deben actuar ante este atropello continuado y agravado con la firmeza política y diplomática necesarias, no sólo para hacer ver al gobierno estadunidense que el país respalda con determinación a sus ciudadanos en el extranjero, sino para recuperar el poder de convocatoria ante la sociedad mexicana.