La Consejería Jurídica de la Presidencia de la República interpuso ayer una controversia constitucional en contra del Legislativo por ocho artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones (LFT), promulgada en julio de 2014, argumentando que las disposiciones mencionadas invadirían facultades constitucionales exclusivas del Ejecutivo en materia de regulación de la libertad de expresión. Asimismo impugnó los Lineamientos Generales sobre la Defensa de las Audiencias, emitidos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) en diciembre pasado, por considerar que se basan en los ocho artículos motivo de la querella.

De manera simultánea el Senado presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional en contra del Ifetel alegando que con los lineamientos mencionados esa institución autónoma violó la esfera de competencia del Congreso de la Unión y vulnera los derechos humanos y la libertad de expresión.

Según el organismo legislativo, que el Ifetel obligue a los medios electrónicos a advertir de manera expresa y clara cuándo emiten alguna opinión y cuándo están leyendo información, a expedir códigos de ética, garantizar la libertad de expresión, programática y libertad editorial y a evitar cualquier tipo de censura previa sobre sus contenidos impone obligaciones ineficientes que violentan el derecho humano a la libertad de expresión, las cuales hacen ineficiente la prestación del servicio público de radiodifusión, televisión y audio restringidos.

Llama la atención, en primer lugar, la sincronía de las controversias constitucionales presentadas por poderes independientes, pero también la manera tardía en que la Presidencia impugna una ley promulgada hace 30 meses. Es difícil de entender, por otra parte, que el Poder Ejecutivo se limite a señalar un vicio de forma en la LFT, la cual, paradójicamente, es producto de la reforma de telecomunicaciones operada por el gobierno peñista.

Más allá de los vericuetos legales de las controversias constitucionales presentadas, es claro que los lineamientos del Ifetel constituyen un paso en la dirección de acotar el formidable poder de distorsión que aún ostentan los medios electrónicos y sus concesionarios, así como su capacidad de incidir a trasmano en procesos electorales transformando el ejercicio mediático en un poder político de facto.

En tales circunstancias es necesario que la opinión pública tome cartas en el asunto y se esfuerce por comprender lo que está en juego –nada menos que sus derechos en tanto que televidentes y radioescuchas– en los procesos jurídicos iniciados ayer.