Por unanimidad, el Congreso de Nuevo León aprobó que el acoso sexual sea tipificado como delito en la entidad, con pena de seis meses a dos años de prisión, además de una multa.
De acuerdo con la propuesta de reforma al Código Penal del estado, el delito se perseguirá cuando haya denuncia, pero cuando la víctima sea menor de edad o tenga algún tipo de impedimento, se perseguirá de oficio.
‘‘Comete el delito de acoso sexual quien por cualquier medio con fines lascivos asedie, acose, se exprese de manera verbal o física o se aproveche de cualquier circunstancia de necesidad o de desventaja de la víctima’’, estipula el dictamen avalado por los legisladores.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afirmó este miércoles que el mecanismo de seguimiento del caso Ayotzinapa sigue vigente y que continuará acompañando el proceso de investigación de la desaparición de los 43 normalistas a petición de los familiares de las víctimas.
En conferencia de prensa al concluir el 161 periodo ordinario de sesiones de la CIDH, los comisionados resumieron los logros y avances, incluyendo el caso Ayotzinapa.
‘‘El gobierno de México se comprometió a garantizar el seguimiento de las líneas de investigación’’ establecidas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), declaró Esmeralda Arosemena de Troitiño, segunda vicepresidenta de la Comisión Interamericana.
Con su rechazo a las acusaciones sobre violaciones a derechos humanos pareciera que el Ejército fijó una postura política rumbo a las elecciones de 2018, coincidieron representantes de organizaciones de derechos humanos y colectivos de familiares de víctimas.
‘‘Me parece muy preocupante porque significa que están rompiendo las reglas que han prevalecido en la relación civiles-soldados; es decir, donde los militares están fuera de la política. Y pareciera que ahora fijan una posición en este escenario político-electoral’’, dijo Édgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.
En tanto, el coordinador del PT en el Senado, Manuel Bar-tlett, advirtió que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se sumó a la campaña del gobierno federal en contra de Andrés Manuel López Obrador, a quien de forma ‘‘tramposa’’ le adjudican señalamientos contra las fuerzas militares que él no ha formulado.
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, sostuvo que ‘‘las fuerzas armadas sí han violado derechos humanos y ello ha quedado acreditado en las recomendaciones que les hemos dirigido, entre ellas, por casos de tortura y de desaparición forzada de personas’’.
Además, dijo que las fuerzas armadas ‘‘han recibido y aceptado recomendaciones por violar derechos humanos. Y eso está acreditado’’. Pero además, advirtió que ‘‘no basta con aceptarlas, deben acatarlas y cumplirlas; necesitamos que se procese y sentencie a los responsables’’.
Incluso indicó que la recomendación 26/2001, sobre la llamada guerra sucia –donde se acreditaron más de 275 desapariciones forzadas de personas y actos de tortura y tratos crueles, muchos de ellos cometidos por elementos militares–, sólo ha sido ‘‘parcialmente cumplida’’, pese a que el informe data de hace 16 años.
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