Eduardo Murillo

En caso de declarar inconstitucional la Carta Magna se instauraría de facto un gobierno de jueces, declara Ríos Farjat // El presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, insiste en que con esos encarcelamientos se perjudica a los mexicanos más pobres y desprotegidos.

Siete de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se manifestaron en contra de la propuesta de declarar inconstitucional la Constitución, como vía para invalidar la prisión preventiva oficiosa (PPO). El ministro ponente, Luis María Aguilar, pidió posponer la votación del asunto para el jueves, a fin de analizar si modifica su proyecto.

La mayoría de los miembros del pleno expresó su reticencia a invadir las atribuciones del Poder Legislativo y modificar el contenido de la Constitución, pero coincidió en que es posible poner reglas a la PPO, con base en los derechos humanos garantizados en la propia Carta Magna.

La Constitución es lo más importante, porque es la suma de todos los entendidos sociales, el máximo pacto de armonía social, advirtió la ministra Margarita Ríos Farjat. Son las reglas bajo las cuales la nación mexicana, la sociedad misma, expresó que quería vivir.

La ministra se sumó de esa forma a la mayoría que sostiene que la SCJN no puede inaplicar el artículo 19 de la Constitución, el cual da base jurídica a la PPO. “Nos corresponde interpretar de la manera más responsable y armoniosa ese pacto, no desbaratarlo. Considero, muy respetuosamente, que eso instauraría de facto un gobierno de jueces”, subrayó.

La ministra Loretta Ortiz Ahlf coincidió en que, de permitir a la SCJN decidir qué partes de la Constitución se deben aplicar y cuáles no, se abriría una vía peligrosa para el estado de derecho.

Vamos a inaplicar todas las disposiciones referentes a las elecciones en nuestra Constitución, ¡vamos a desaplicarlas! Bajo el mismo criterio, abrir esta puerta es abrirla a todo, advirtió.

Por su parte, el ministro Mario Pardo Rebolledo expuso que quienes impulsaron estas acciones de inconstitucionalidad, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y senadores de minoría, ni siquiera impugnaron la Constitución, sólo las leyes secundarias que incluyen a la PPO, por lo cual la Corte no tiene bases para involucrarse en este tema.

Entre los argumentos sobre la posible regulación de la PPO, el ministro Javier Laynez Potisek señaló que haber ampliado la lista de delitos a los cuales se puede aplicar esa medida es un fraude a la Constitución.

La ministra Ríos explicó, a su vez, que esta Corte no tiene atribuciones para expulsar norma alguna del texto constitucional, pero sí de interpretarla de la forma más favorable y funcional. Si la prisión preventiva oficiosa ya no equivale a la imposición automática de esa medida cautelar, sino que oficiosamente la decretará el juez si observa que es necesaria, no encuentro motivo de invalidez, de inconvencionalidad o inconstitucionalidad en las normas secundarias que en este apartado se propone invalidar.

El presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, reiteró su postura en contra de la PPO, que, manifestó, afecta a los más pobres y desprotegidos de la sociedad.

Únicamente el ministro presidente, Norma Piña Hernández y Alfredo Gutiérrez han manifestado su intención de votar a favor del proyecto de Aguilar en sus términos originales, mientras el resto del pleno anunció que lo desechará si no es modificado.