Alonso Urrutia

La tregua entre el Instituto Nacional Electoral y Morena en torno a la revocación de mandato concluyó. La aprobación de cambios a los lineamientos sobre este ejercicio –que se efectuará el próximo 27 de marzo– para adecuarlos a la nueva ley desató un nuevo choque en torno al mecanismo para recolectar los apoyos para promoverlo.

A pesar de las críticas de Morena, el INE aprobó que sea mediante una aplicación telefónica como se captarán, con excepción de 203 municipios marginados, donde se usará el papel ante la carencia de Internet.

Cuestionada su presencia en la sesión por el PRD, porque ya es el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez acudió a la sesión para encabezar el debate con la acusación al INE de incumplir su ofrecimiento de adecuar los lineamientos aprobados en agosto a la nueva ley en la materia (avalada en septiembre). A su juicio, la norma no hace distingos, puede optarse por la aplicación telefónica o entregar los apoyos en papel.

Para el morenista, la mayor parte de la población no tiene acceso a telefónos inteligentes, lo que afectaría la captación de apoyos para promover este ejercicio.

El consejero José Roberto Ruiz Saldaña rebatió sus objeciones: refirió que la última encuesta oficial daba cuenta de que en el país hay 86.5 millones de teléfonos celulares, de los cuales nueve de cada 10 son inteligentes. En respuesta, Gutiérrez dijo que su aseveración se basaba en recorrer las calles, por lo que insistió en que este punto es contrario a la legislación.

La discusión fue escalando con la intervención del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, quien argumentó que la determinación para priorizar el uso de aplicación sobre los apoyos en papel tiene que ver, en principio, porque en otros ejercicios (candidaturas independientes, creación de nuevos partidos o consulta popular) ha habido vergonzosos intentos de defraudar la voluntad ciudadana con apoyos falsificados.

Además, explicó que los tiempos para su revisión se disparan sustancialmente: en la pasada consulta popular, la revisión de 2 millones de apoyos duró mes y medio para detectar los apoyos falsos. En la revocación del mandato serían 3 millones de firmas, con sólo 20 días para verificarlos.