Carolina Gómez Mena

Tras la decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos que ordenó a la administración del presidente Joe Biden reinstalar el programa Protocolos de Protección al Migrante (PPM), también conocido como Quédate en México, Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), señaló  que México tiene ahora la pelota en su cancha, por lo que apremió al gobierno mexicano a negarse a participar otra vez en esa política.

Anoche, el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos contactó a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México para intercambiar información sobre la resolución. El jefe para América del Norte de la cancillería, Roberto Velasco, informó en redes sociales que México no es parte del proceso judicial, el cual se trata de una medida unilateral estadunidense. Este miércoles intercambiaremos información sobre esta resolución para definir las consideraciones de México, basadas en el respeto a la soberanía y los derechos humanos.

Antes de que se conociera el fallo de la Corte, diversas agrupaciones, entre ellas el Imumi, Amnistía Internacional, Oxfam México y la Dimensión Episcopal de Pastoral de la Movilidad Humana, exhortaron al presidente Andrés Manuel López Obrador; al canciller Marcelo Ebrard; a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y al comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, entre otros funcionarios del gobierno de México, a rechazar el restablecimiento del inhumano Quédate en México. En la misiva abierta y enviada por correo electrónico señalaron que durante dos años esa política impuso barreras infranqueables al debido proceso y causó daños extremos a más de 72 mil personas solicitantes de protección internacional, quienes fueron regresados a México para esperar sus audiencias ante las autoridades migratorias de Estados Unidos.

Kuhner expuso que el quinto circuito determinó que Biden no había terminado conforme a la ley el programa PPM, o sea Biden perdió.

La decisión original del tribunal expresa que si México decide no participar con Quédate en México, entonces no se puede vuelve a implementar. Así México tiene la posibilidad, ahora mismo de decir que no participa.

México podría tomar una postura a favor de los derechos humanos, pese a que ya participó en el programa; ahora podría decir que el PPM viola el debido proceso, eso sería lo correcto jurídicamente.

La titular del Imumi expresó que las personas (que piden asilo a Estados Unidos) se quedan en algunas de las ciudades más peligrosas de México. Un informe de ayer refiere que ha habido más de 6 mil secuestros y delitos contra migrantes en la frontera a raíz de estas políticas.

El Imumi ha denunciado que 66 por ciento de quienes fueron retornados por el PPM fueron mujeres, niños y niñas. Esta es una política muy ruda, y sobre todo en pandemia.