Alonso Urrutia

La polémica desatada por la revisión de los gastos de campaña comenzó a trasladarse a la barandilla del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde los casos más polarizados han concentrado mayor número de recursos de apelación. La resolución sobre el financiamiento ilícito de empresas al gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, y su informe de gastos de campaña ha captado el mayor número de recursos en contra: Morena, el PRI y el Partido Verde lo han impugnado e incluso el Movimiento Ciudadano, para reducir las voluminosas multas

En paralelo, otro de los casos que atrajo la atención fue la multa de 40.9 millones de pesos y la cancelación, durante un año, de la pauta federal de espots al PVEM por los pronunciamientos ilegales de influencers a favor de su oferta política en plena veda electoral. El PVEM objetó la elevada sanción a partir, entre otros argumentos, de que la Unidad Técnica de Fiscalización consideró el precio más alto de mensajes para calcular la falta.

La influencer

Vinculado a ello, el PVEM promovió en su recurso en contra del financiamiento ilícito de García, el costo que el INE fijó para los ilegales mensajes de la esposa del gobernador electo, Mariana Rodríguez, que se basó en el precio más bajo con un único objetivo, reprochó el representante ecologista ante el INE, Marco Antonio Gómez Alcántar: evitar que García rompiera el tope de gastos de campaña y, con ello, el riesgo de una posible anulación de la elección, con independencia de que también objetó las sanciones impuestas a Movimiento Ciudadano, por financiamiento ilícito de empresas.

Inusualmente activo, el PVEM también impugnó la decisión del INE de avalar el informe de gastos de campaña del candidato de la coalición Sí por San Luis Potosí (PRI, PAN y PRD), Octavio Pedroza, quien, de acuerdo con las pruebas con las que contaba la UTF del INE, se tenía corroborado la triangulación financiera de aportaciones de cuentas ligadas a funcionarios del gobierno de Tamaulipas e incluso, de empresas a la campaña.

Con el resultado de la fiscalización en el INE se intensificará la actividad en el TEPJF que ahora deberá resolver las impugnaciones contra las multas aplicadas.