Víctor Ballinas

 Morena en el Senado solicitó a la Secretaría de Gobernación (SG) la instalación de una mesa de trabajo para revisar la privación de la libertad de diversas personas que se encuentran detenidas por razones políticas, deficiencias procesales o incapacidad económica para pagar sus fianzas, así como aquellas que hayan cometido cierto tipo de delitos no considerados graves que pueden ser sujetas de amnistía o liberación.

La senadora de Morena Nestora Salgado destacó que de 2017 a 2018 el reporte oficial indica que 542 personas fueron detenidas arbitrariamente, pero de acuerdo con el informe Defender los derechos humanos en México 2018 del Comité Cerezo tan sólo en 2017 fueron aprehendidas arbitrariamente 877 personas.

En un punto de acuerdo que presentó en la Comisión Permanente, Salgado recordó que en 2006, al inicio del gobierno del presidente Felipe Calderón, estaban registrados más de mil presos políticos, pero ese número se fue reduciendo hasta llegar en 2012 a un total de 100.

Sin embargo, apuntó la legisladora, el número de detenciones arbitrarias se incrementó en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y hoy se tienen 250 personas en prisión por motivos políticos.

Detalló que en el sexenio del presidente Calderón, 2008 fue el año con el mayor número de detenciones arbitrarias, mientras con Peña Nieto fue 2017, con un total de 877.

Refirió que, de acuerdo con el informe Defender los derechos humanos en México, 82 por ciento de las personas detenidas arbitrariamente hoy están libres debido a que no hubo justificación jurídica para iniciar carpetas de investigación o para acusarlas de delito alguno, lo que prueba con mayor contundencia su detención arbitraria.

Desde el Senado, enfatizó Salgado, hemos sostenido una estrecha vinculación con la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia, adscrita a la SG; mediante la cual se han emprendido importantes acciones para atender expedientes de personas que se encuentran privadas de la libertad de manera injusta, de tal manera que se ha logrado la liberación de varias personas que se encontraban en centros penitenciarios a causa de fabricación de delitos.

Consideró que existe una evidente responsabilidad que le asiste al Estado mexicano por casos de injusta privación de la libertad, motivo por el cual es necesario que las autoridades competentes instalen a la brevedad una mesa de trabajo, con el objetivo de revisar los casos de personas privadas de la libertad por razones políticas, deficiencias procesales o incapacidad económica para pagar sus fianzas.