Eduardo Murillo y Emir Olivares

El nuevo titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Roberto Salcedo Aquino, tiene más de 48 años en el servicio público.

Su primer alto cargo fue como oficial mayor de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, cuando la encabezó Manuel Camacho Solís, entre 1986 y 1988 –durante el sexenio de Miguel de la Madrid–; sus primeros años en el gobierno federal estuvieron ligados a ese político.

El relevo en la SFP es el octavo cambio en la titularidad de las secretarías del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se han dado relevos, en algunas hasta en dos ocasiones, en las secretarías de Comunicaciones y Transportes, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Hacienda y Crédito Público, Bienestar, Educación Pública, Economía y Seguridad y Protección Ciudadana.

Por decisión presidencial, Salcedo Aquino, de 77 años, sustituye en el cargo a Irma Eréndira Sandoval Ballesteros. Es licenciado en ciencias políticas y administración pública por la UNAM. Fue compañero de generación de José R. Castelazo, quien fue delegado en Iztacalco, y Enrique Jackson, diputado y senador por el PRI.

Como parte de su trayectoria política, acompañó como oficial mayor a Camacho Solís cuando el ex presidente Carlos Salinas de Gortari lo puso al frente del entonces Departamento del Distrito Federal, entre 1988 y 1993. En 1994, al ser nombrado canciller, Camacho lo llevó al mismo cargo en la Secretaría de Relaciones Exteriores.

En el gobierno de Ernesto Zedillo ocupó entre 1996 y 1998 un cargo directivo en Banobras. Luego fue subsecretario de Desarrollo Urbano de la Secretaría de Desarrollo Social, puesto que ocupó hasta 2000.

Desde entones y hasta 2018 se ocupó como auditor especial de desempeño en la Auditoría Superior de la Federación. En diciembre de ese año se sumó al equipo de Sandoval Ballesteros en la SFP, como subsecretario de Fiscalización y Combate a la Corrupción.

Sandoval encabezó la SFP los primeros dos años y medio de este sexenio, dependencia desde la que se implementó una de las políticas centrales del presidente López Obrador: el combate a la corrupción.

Como su titular, dirigió una administración de claroscuros desde la que se sancionó a más de 4 mil 860 servidores públicos, muchos de ellos de alto perfil, y a más de 360 empresas contratistas de la administración pública federal. Asimismo, implementó la Ley Federal de Austeridad.

A la vez, recibió críticas desde diversos sectores por su forma de conducir la estrategia o por incumplimientos para la instauración de las herramientas del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

En dos años y medio, en la palestra de Sandoval pasaron sanciones económicas e inhabilitaciones por 10 años a varios funcionarios de alto nivel de la administración de Enrique Peña Nieto: Rosario Robles, ex secretaria de Desarrollo Social; Luis Videgaray, ex canciller; María Cristina García Cepeda, ex titular de la Secretaría de Cultura; Emilio Lozoya, ex director general de Pemex, así como el ex titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y ex comisionado para la Seguridad y el Desarrollo en Michoacán, Alfredo Castillo.

Un caso polémico fue la sanción a la empresa Cyber Robotics, propiedad de León Bartlett Álvarez, hijo del director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, por irregularidades en contratos con la delegación del IMSS en Hidalgo para la venta –en medio de la pandemia de Covid-19– de 20 ventiladores inservibles por 30 millones de pesos.