Alonso Urrutia

Si bien hay elementos para realizar una reforma electoral al término del actual proceso y así fortalecer el sistema, lo que el Presidente propone es una represalia contra el Instituto Nacional Electoral (INE) por hacer su trabajo de vigilar el cumplimiento de la ley, consideró el ex consejero de ese organismo y director de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Desarrollo Económico, Benito Nacif. Por otro lado, sostuvo que gran parte del costo del INE deviene de las mayores facultades que se le han conferido, muchas de ellas promovidas por la izquierda.

Para la ex consejera del INE Pamela San Martín es preocupante que en pleno proceso electoral se aluda a una reforma cuando estamos en campañas políticas y es el momento para partidos y candidatos. Es claro que siempre hay espacios para mejorar el sistema electoral pero las modificaciones deben surgir de una visión a futuro, de lo que se pretende de este sistema no a partir de que una decisión de la autoridad electoral no me gustó.

Costos y responsabilidades

Entrevistados por separado, San Martín destacó que si se pretende equiparar el costo del INE respecto a otros países, debe efectuarse a partir de las facultades: en ningún país el sistema de fiscalización recae en la autoridad electoral; el INE es el único que se encarga del documento de identidad ciudadana con la credencial de elector.

Ambos coincidieron en lo inusual que resulta que un jefe del Ejecutivo cuestione insistentemente al INE. “El Presidente tiene su derecho a la libertad de expresión –apuntó San Martín– sólo que las reglas electorales acotan la participación de funcionarios en el proceso”. Nacif expresó su extrañeza por las críticas de un mandatario que en 2006 padeció los excesos e injerencias del entonces mandatario, Vicente Fox.

Reconoció que el gasto del INE puede reducirse; sin embargo, las reformas electorales han incrementado las facultades que disparan el costo de la organización electoral. Hay que pensar que la vigilancia de espots derivado del modelo de comunicación política o las atribuciones fiscalizadoras. Hay un doble discurso cuando se pretende adjudicar mayores atribuciones al INE y, por otro lado, se cuestiona lo oneroso.

Para Nacif es fundamental que una eventual reforma electoral se construya a partir del consenso. La reforma de la que surgió al INE fue acordada por el PRI, PAN y PRD, por lo que nuevas modificaciones deberían pugnar por consensuar el rumbo del sistema electoral.