Alonso Urrutia

Con 15 gubernaturas en juego este año, el saldo acumulado de irregularidades de las administraciones salientes, detectado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), suma 61 mil 266 millones de pesos hasta la cuenta pública de 2019 y, en algunos casos, aún faltará saldar las cuentas de la tercera parte de sus gobiernos cuando se revisen las de 2020 y 2021.

La mayoría de las observaciones se refieren al manejo de recursos de los programas federalizados en ámbitos fundamentales: salud, educación, seguridad e infraestructura.

Tan sólo tres gobiernos concentran más de la mitad de las inconsistencias detectadas: Michoacán, Chihuahua y Nuevo León, pues en conjunto acumulan observaciones de la ASF por 33 mil 411 millones de pesos. En los tres casos, arrastran ya varios años en los que no han podido acreditar la mayor parte de los recursos federales que les fueron otorgados.

Con mucho, el gobierno del michoacano Silvano Aureoles es el que más cuentas pendientes tiene con la ASF. Las irregularidades suman 17 mil millones de pesos, de los cuales más de 16 mil millones han superado los plazos inmediatos para justificar el gasto, ya que datan de 2016, casi desde el inicio de su gobierno, pues tomó posesión en octubre de 2015.

Crítico de su antecesor desde su campaña, Jaime Rodríguez llegó a la gubernatura en buena medida por el desgaste derivado de presuntos hechos de corrupción de Rodrigo Medina.

Ahora, en el ocaso de su administración, tan sólo de los programas federalizados el saldo pendiente asciende a 8 mil 297 millones de pesos, el segundo más elevado de los mandatarios salientes, en gran parte concentrado en la cuenta pública de 2018, con 5 mil 815.5 millones de pesos.

Caso similar es el de Javier Corral en Chihuahua, pues el panista ha denunciado la presunta corrupción de su antecesor, César Duarte, quien en su último año de gobierno (2016) acumuló irregularidades por 11 mil millones de pesos. Aunque la administración de Corral no se equipara con las anomalías acumuladas de la del priísta, en las cuentas públicas de los primeros tres años suma 8 mil 144 millones de pesos sin justificar.

Con un gobierno de tan sólo cuatro años –por la homologación de elecciones con el calendario federal– el gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría, suma 4 mil 644 millones de pesos en las observaciones de la ASF.

Un caso particular es Campeche, que en el sexenio estuvo administrado por Alejandro Moreno y Carlos Aysa.

En la administración de Moreno –de 2015 a agosto de 2019, cuando se fue a dirigir al PRI nacional–, la ASF detectó inconsistencias por 3 mil 800 millones de pesos; de éstos, 3 mil 430 millones durante su último año en el cargo.

En contraste, los gobiernos de Querétaro, Sonora, Sinaloa y Tlaxcala destacan por el bajo monto de irregularidades no aclaradas ante la ASF.

Querétaro incluso aún se encuentra dentro del periodo para acreditar las observaciones, pues los 179.3 millones de pesos que no ha sustanciado corresponden a la cuenta pública de 2019; hacia atrás, la cuenta de Francisco Domínguez está en ceros.

En Sonora, las observaciones realizadas por la ASF a los primeros cuatro años de gobierno de Claudia Pavlovich suman 473.9 millones de pesos, 74 de los cuales corresponden a 2019.

En Sinaloa, las irregularidades no acreditadas hasta ahora del gobernador Quirino Ordaz ascienden a 600 millones de pesos, en tanto que en Tlaxcala las inconsistencias suman 708 millones, en ambos casos sobre la revisión de las cuentas públicas de sus primeros tres años de gobierno, en periodos de cinco años por la homologación electoral.