Fernando Camacho Servín

La eventual aprobación de la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR) no sólo afectaría la integridad del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, sino que también limitaría el derecho de las víctimas a participar en el proceso de investigación, más aun si se encuentran fuera del territorio nacional.

Así lo advirtió Humberto Guerrero, coordinador del programa de derechos humanos del Centro de Análisis e Investigación Fundar, quien consideró que la Fiscalía parece querer evitar que se le cuestione o se le pidan cuentas sobre su actuación, pero también ocultar su probable falta de capacidad e incluso de voluntad para resolver diversos problemas.

Si bien sufrió ajustes respecto de la iniciativa original de Ricardo Monreal, es muy preocupante la versión que muy probablemente sea aprobada. Se argumenta que la desvinculación con el Sistema Nacional de Búsqueda es por respeto a la autonomía de la FGR, pero creo que en realidad se trata de evitar espacios en los que la Fiscalía pueda ser examinada o rendir cuentas, estimó.

Al sentirse incómoda frente a los cuestionamientos, expresó Guerrero, la FGR pretende eliminar el derecho de las víctimas a participar en la elaboración de los planes de indagatoria, ya que en ese proceso las familias terminan por convertirse en un contrapeso que denuncia las fallas y omisiones de las autoridades. Lo anterior es particularmente grave en el caso de los llamados mecanismos de apoyo exterior, diseñados para asistir a personas que se encuentran fuera del territorio nacional.

Esta resistencia de que no se ventile la forma de trabajar de la Fiscalía en otros espacios tiene detrás todas las deficiencias en su labor, su falta de capacidades y de recursos y, en algunos casos, su falta de voluntad, apuntó.

Por lo anterior, y aunque ya sea difícil frenar la aprobación de la nueva ley de la FGR, los colectivos civiles que se oponen a la iniciativa utilizarán los recursos legales a su alcance, entre ellos pedirle a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que presente una acción de inconstitucionalidad contra la norma.