Fernando Camacho Servín

Aunque el dictamen de ley sobre la regulación del uso lúdico de la mariguana incorpora diversos puntos positivos, todavía contiene elementos preocupantes, pues sigue criminalizando la posesión simple de la planta, además de que pone trabas innecesarias al autocultivo y abre la puerta a la formación de oligopolios en el sector, advirtió Amaya Ordorika, integrante de la organización ReverdeSer Colectivo.

Sin duda estamos ante un hecho histórico, porque ya se aprobó en las dos cámaras y eso significa que hay un crecimiento exponencial de la necesidad de regular, además de que se respetan los mismos espacios libres de humo de tabaco, se excarcela a personas detenidas por delitos relacionados con la mariguana y se establece un sistema de venta sólo para mayores de edad.

Sin embargo, indicó la activista, entre los temas pendientes de la iniciativa está el que no se eliminó la criminalización de los usuarios de la planta, pues aunque establece la posesión legal de hasta 28 gramos, sigue estableciendo multas y sanciones penales en caso de transportar cantidades mayores, lo cual permite que los cuerpos policiacos cometan abusos de autoridad y le siembren más hierba a los detenidos con el fin de extorsionarlos.

Asimismo, el dictamen no incluyó en su versión final la propuesta de que en los primeros cinco años de la regulación, 80 por ciento de las licencias de cultivo y venta de la sustancia se le otorgaran a las comunidades pobres donde ya se cultiva la planta, con el objetivo de que sean ellas las que obtengan mayores beneficios económicos.

Por el contrario, el texto aprobado permitió la llamada integración vertical, es decir, la posibilidad de que una sola empresa pueda intervenir en todas las etapas del proceso de aprovechamiento de la mariguana, desde el cultivo hasta la venta, lo cual favorece a las grandes compañías que ya dominan el sector, y perjudica a los pequeños y medianos productores.

De igual forma, la iniciativa pone demasiadas trabas burocráticas al autocultivo y establece un máximo de 20 miembros para las asociaciones canábicas, lo cual impide que dichos sitios puedan financiar su operación de manera más sencilla.