Andrea Becerril y Víctor Ballinas

El grupo parlamentario del PRI, que encabeza Miguel Ángel Osorio Chong, presentó ante el pleno del Senado un iniciativa para expedir una ley que obliga al presidente Andrés Manuel López Obrador a elaborar un plan de retiro gradual de los militares del combate al crimen organizado, a fin que regresen a sus cuarteles y retomen sus funciones constitucionales en el plazo límite de marzo de 2024.

A nombre de su bancada, la senadora Claudia Ruiz Massieu introdujo la ley que regula la participación transitoria de la fuerza armada permanente en tareas de seguridad pública, en la que se establece que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) fiscalizará la actuación de los miembros del Ejército y la Marina que participen en operativos contra la violencia y la inseguridad.

Papel de la CNDH

En su caso, subraya la iniciativa, la CNDH dará aviso a las autoridades administrativas o judiciales de carácter civil y castrense de las faltas que los militares llegaran a cometer en el ejercicio de su función, para que se impongan las sanciones correspondientes.

Durante la sesión ordinaria, que ayer se llevó a cabo a distancia, la legisladora Ruiz Massieu advirtió que debe expedirse esa ley, ya que no basta con el decreto emitido el año pasado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sostuvo que el Ejecutivo no tenía facultades para ello, además de que el decreto es francamente insuficiente, ya que no define el tipo de participación que tendrán las fuerzas armadas en materia de seguridad pública, no se hace énfasis en que se trata de una medida extraordinaria y tampoco se establece la subordinación y la complementariedad con los cuerpos civiles de seguridad pública.

Tanto la bancada del PAN como la del PRD se sumaron a esa propuesta, y la senadora panista Gina Cruz manifestó que ella elaboró una iniciativa similar, por lo que pidió que se dictaminen conjuntamente.

Por Morena, la senadora Mónica Fernández explicó su iniciativa de ley para disminuir el financiamiento público a los partidos políticos en 50 por ciento y utilizar el ahorro para atender alguna emergencia nacional, como la actual pandemia del nuevo coronavirus.