Alejandro Alegría y Julio Gutiérrez

Tres de los 12 afiliados al CCE rechazan la propuesta // Salazar Lomelín niega que sea fractura

El sector privado se dividió, pues tres de los 12 organismos que forman parte del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) rechazaron la propuesta de posponer la iniciativa de reforma para regular la subcontratación.

Sin embargo, Carlos Salazar Lomelín, presidente del organismo cúpula, negó que la postura de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) sea una fractura en el sector empresarial.

Los tres organismos señalaron que el pacto firmado en Palacio Nacional es parte de la iniciativa que el Ejecutivo federal envió al Congreso de la Unión, con la cual pretende coartar la libertad de la subcontratación y atenta contra la creación y preservación de empleos.

Reiteraron que si se aprueba la iniciativa del Ejecutivo federal se dañaría seriamente la competitividad del país y llevaría al cierre de miles de micro, pequeñas y medianas empresas.

Por ello decidieron no suscribir el acuerdo, debido a que preserva la idea de prohibir de manera sustancial la actividad de la subcontratación, dejándola relegada sólo a la subcontratación especializada, acotaron.

Rechazamos que se pretenda estigmatizar a los empresarios como los artífices del no cumplimiento de obligaciones fiscales y laborales.

Resaltaron que las malas prácticas sucedieron en el pasado por la falta de revisión adecuada de las autoridades, como el Servicio de Administración Tributaria, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo que resulta absurdo responsabilizar a todas las empresas.

Sin embargo, reiteraron su disposición de mantener el diálogo abierto y franco con el Ejecutivo federal y los legisladores.

El martes, Enoch Castellanos Férez, presidente de la Canacintra, adelantó que ese organismo no estaba de acuerdo con la propuesta y dejó en claro que había desacuerdos en el sector privado.

No hay ruptura, sostuvo Salazar Lomelín tras acudir a Palacio Nacional. Manifestó que el CCE es respetuoso de la posición de las asociaciones agremiadas, porque ellas deben responder a sus miembros.

Comentó que lo que quiere el sector empresarial es que se elimine cualquier práctica inadecuada, que se proteja al trabajador y la competitividad de las empresas.

Consideró que la integración de las organizaciones de trabajadores a las mesas de negociación será buena, pues se llegarán a muy buenas conclusiones y consideró razonable el tiempo para hacer los cambios en materia de subcontratación.

La ABM, en favor de las prácticas legales

Por separado, Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), afirmó en conferencia virtual que ese organismo “está ciento por ciento en favor de ese convenio y ciento por ciento en favor de que la nueva ley de outsourcing permita esta práctica legítima y bien llevada, y que todo lo demás se combata”.

Consideró que la subcontratación es un mecanismo operativo de las empresas y de la banca muy eficiente y muy valioso, siempre y cuando haya cumplimiento cabal de compromisos fiscales y laborales.

Resaltó que las instituciones bancarias están en favor del combate a las prácticas fiscales y laborales inadecuadas, por lo que si el outsourcing se usa para engañar al trabajador o al fisco, debe eliminarse.

Permitir que se pueda llevar a cabo la contratación por medio de terceras empresas para muchos giros que son importantes para el manejo de los negocios, eso hay que seguirlo haciendo, señaló.

Larry Rubin, presidente de la American Society, indicó que México debe cuidar la eliminación de la subcontratación, pues las inversiones de empresas de Estados Unidos pueden migrar a otras latitudes, ya que 92 por ciento de las firmas hacen uso de ese esquema laboral.

Destacó que la inversión siempre busca naciones que generan estabilidad y certeza jurídica a través de sus políticas públicas, por lo que es necesario que el país se armonice con sus socios comercial del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, pues puede atraer más de 400 mil millones de dólares de inversión.