Alonso Urrutia y Alma E. Muñoz

La primera fase se aplicará en ocho estados // Certeza jurídica para trabajadores y patrones: SCJN

El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la ceremonia en Palacio Nacional.

Desde Palacio Nacional, ayer se puso en marcha la primera etapa del nuevo modelo laboral, el cual representa un cambio profundo, estructural, porque la justicia en el sector va a depender ahora del Poder Judicial, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Esto también implicará mayor énfasis en la conciliación entre las partes y la democratización sindical, y aunque en principio hubo dudas y objeciones de representantes de trabajadores y empleadores, al final avalaron por consenso la reforma, agregó.

Ante la mayor parte de los gobernadores de los ocho estados donde entró en vigor la primera fase, el mandatario reconoció que estos cambios fueron demandas que Estados Unidos y Canadá formularon en las negociaciones del tratado de libre comercio. Sin embargo, afirmó, la reforma coincide con nuestros ideales de transformación en este ámbito y responde también a la petición que se formuló para firmar el acuerdo comercial, por lo que no hubo objeciones.

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, calificó de histórica la reforma que concreta una añeja demanda. Su aplicación en los juzgados favorecerá una justicia laboral expedita, imparcial y profesionalizada que brinde certeza y seguridad jurídica tanto a trabajadores como a empleadores, y genere un clima de confianza que sea propicio para las inversiones necesarias en México.

Con este nuevo modelo, añadió, se salda una deuda en el acceso a la justicia laboral, porque implica transformar el paradigma en el que los derechos de los trabajadores son plenamente exigibles, con juicios sólidos y una doctrina jurisprudencial que brinde seguridad legal y previsibilidad en las relaciones de trabajo.

López Obrador confió en que uno de los ejes principales: la conciliación, tenga eficacia, buscando, como establece la Constitución, el diálogo entre las partes; que haya este periodo de armonización entre trabajadores y empleadores. Esto es muy importante; si no se logra, entonces se acude a los tribunales en la materia; es un cambio profundo, estructural.

Destacó el papel que tendrá el Poder Judicial en la aplicación del nuevo modelo, pues asumió el reto. No es tener más atribuciones, más poder, sino más responsabilidad o todas las facultades, pero también la responsabilidad que implica hacerse cargo de impartir la justicia laboral.

Al considerar que habrá un cambio estructural en la materia, enfatizó en que la justicia ya no dependerá de la participación de los sectores obrero y empresarial, o del Ejecutivo, que a veces era el poder de los poderes; ahora es un tribunal independiente del Poder Judicial, lo que fortalece la división y el equilibrio entre los poderes.

Zaldívar aseveró que los tribunales laborales estarán encabezados por operadores especializados que por primera vez accedieron a sus cargos mediante concursos abiertos de oposición. Admitió que implicará un esfuerzo institucional del Estado mexicano en términos de capacitación, infraestructura, tecnologías de la información, logística, administración y coordinación.

En nombre de los gobernadores de los estados donde arrancará la reforma, Juan Manuel Carreras, de San Luis Potosí, planteó que desde las administraciones estatales se respaldarán estos cambios. Estamos transitando a un sistema en el que muy posiblemente los juicios laborales sean la excepción y la regla general sea la conciliación.

En su primera etapa, el nuevo modelo operará en Campeche, Chiapas, Durango, estado de México, San Luis Potosí, Tabasco, Zacatecas e Hidalgo, y en unos mese se empatará a escala federal. La reforma se basa en tres ejes: nueva justicia laboral, democracia sindical y negociación colectiva.

Para eliminar los largos juicios, que implican hasta cuatro años, se establece un nuevo procedimiento que apuesta por la conciliación, que incluye un periodo de 45 días para lograr un acuerdo, y sólo aquellos que no puedan resolver sus diferencias mediante el diálogo pasarán a los tribunales, con juicios de no más de seis meses, explicó la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde. Se crean los tribunales laborales dependientes del Poder Judicial, con juicios orales en presencia de un juez proactivo.

Sobre la democracia sindical, la elección de dirigentes o aprobación de decisiones será con voto personal, libre, directo y secreto; habrá proporcionalidad de género en las directivas gremiales; transparencia y rendición de cuentas, y verificación por la autoridad de los procesos democráticos.