Víctor Ballinas

Se dará en este sexenio, asegura el senador Rubén Rocha Moya

La Comisión de Educación del Senado, que preside el morenista Rubén Rocha Moya, resaltó que la ley general de educación superior se aprobará en noviembre, una vez que en el pleno se discutan la legislación de Ingresos 2021 y la minuta de reformas a la Secretaría de Marina.

Rocha Moya informó que se realizó una reunión de esa comisión con los secretarios de Hacienda, Arturo Herrera, y el de Educación, Esteban Moctezuma, en la que se analizó el tema de la gratuidad en la educación superior. Los senadores estamos porque se concrete en un plazo de tres o cuatro años, pero que sea de manera gradual, subrayó el morenista.

En entrevista comentó que en ese encuentro se discutió la mecánica presupuestaria que se deberá crear para garantizar la gratuidad de la educación superior, principio constitucional que impulsó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Lo que se acordó en la reunión, en la que también participaron diputados federales, entre ellos la presidenta de la Comisión de Educación, Adela Piña, refirió Rocha Moya fue establecer una comisión técnica para la puntual elaboración de los criterios y en cuanto tiempo se lograría la gratuidad.

–¿Cuál es el plazo para lograr la gratuidad?

–Será progresivo. Los senadores estamos en la idea de que sea de manera progresiva para efecto de que haya capacidad presupuestal y lo pueda resolver el gobierno federal en un plazo de tres o cuatro años. El tema se debe concretar en este gobierno.

El morenista dijo que el secretario de Hacienda manifestó su disposición a garantizar recursos para que la educación superior sea gratuita, para lo cual pidió establecer un equipo técnico y elaborar los criterios, es decir, que sea de manera progresiva, y los senadores estamos de acuerdo en que sea en un plazo de tres o cuatro años, pero que año con año se vaya avanzando en lograr esa meta.

Rocha Moya resaltó que para garantizar la gratuidad se requiere que el gobierno federal proporcione de manera gradual a las universidades los recursos que dejarán de recibir por inscripciones y cuotas, más un recurso adicional por que se quiere incrementar la matrícula.