Laura Poy Solano

Profesores y organizaciones de la sociedad civil destacaron que las irregularidades detectadas en el fideicomiso del Programa de Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo, en su componente de bebederos escolares, revela el alto grado de corrupción que imperó, desde sobreprecios para instalarlos en las escuelas, hasta el abandono de obras y de mantenimiento, lo que generó que muchos de esos equipos dejarán de funcionar al poco tiempo.

Maestros de educación básica destacaron que vivimos un viacrucis, primero para que iniciara la obra, luego para que se concluyera y finalmente para que se dignarán a acudir a realizar el mantenimiento. Los resultados fueron pobres y no se cumplió con la meta de garantizar que todo alumno tenga acceso a agua potable, manifestó Francisco Bravo, director de la escuela primaria Leonardo Bravo, quien desde 2018 denunció diversas anomalías.

En el plantel donde trabaja, ubicado en la alcaldía Cuahtémoc, se instaló uno de los bebederos de ultima generación del citado programa, pero se entregó con una fuga y un mes después dejó de funcionar. Él presentó una queja ante el extinto Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa y ante la empresa Grupo Internacional de Diseño y Fabricación de Muebles Especiales, responsable de la instalación, pero no obtuvo respuesta.

Pedro Hernández, secretario general de la sección 9 del magisterio en la Ciudad de México y director de la primaria Centauro del Norte, en la alcaldía de Iztapalapa, destacó los sobreprecios con que operaron muchas de las obras para instalar bebederos en la capital del país, donde la calidad del agua varía mucho y en el caso de nuestras escuelas es de muy mala calidad, cuando se tiene acceso, porque aún existen muchos planteles sin el abasto garantizado.

Educadores de primaria afirmaron que el programa de bebederos se hizo, como muchas otras estrategias que se impulsan, sin considerar a las comunidades escolares y acaban convertidas en chatarra en las escuelas, como los equipos de enciclomedia adquiridos en el sexenio de Vicente Fox.

Ana Larrañaga, directora de programas de Salud Crítica e integrante de la Alianza por la Salud Alimentaria, destacó que la detección de las irregularidades en el fideicomiso del programa para bebederos escolares, que tuvo recursos por 4 mil 519.6 millones de pesos, y su extinción tampoco puede poner en riesgo los fondos que el Estado pueda etiquetar para garantizar el acceso al agua potable a todos los niños y adolescentes.

Es importante, advirtió, que no se caiga de nuevo en una asignación vertical que no considere las particularidades de cada escuela, y al mismo tiempo se debe garantizar una partida presupuestal con trasparencia y acceso a la participación de la población. Necesitamos un mecanismo que tenga trazabilidad en el destino de los recursos públicos y que se garanticen los mecanismos de vigilancia y rendición de cuentas.