Arturo Cano y Rubicela Morelos

Si el gobierno de AMLO sigue generando descontento tendrá una respuesta mayor que sus antecesores

La consulta no fue libre, sostiene Juan Carlos Flores, del FPDTA.

Apatlaco, Mor., Dos plantas termoeléctricas, un gasoducto en zona volcánica y un acueducto forman en conjunto el Proyecto Integral Morelos (PIM), obra emproblemada, para usar la expresión presidencial, a la que se oponen comunidades de la región.

Un proyecto, recuerdan aquí, al que se oponía también el actual Presidente de la República: A Andrés Manuel López Obrador se le olvida que llegó al poder por el descontento social. Si ahora va a seguir generando descontento social, va a obtener una respuesta mayor a la que han tenido los anteriores gobiernos, porque está siguiendo la misma política que los demás.

Habla Juan Carlos Flores Solís, abogado del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDTA), quien entre 2014 y los primeros días de 2015 pasó nueve meses en una celda de seis metros cuadrados con otros 19 presos, por cortesía del gobierno de Rafael Moreno Valle, que lo acusó de motín, despojo y extorsión. Vieran que hasta aprende uno a acomodarse para dormir, dice ahora con cierto sarcasmo.

–En la conferencia del 10 de septiembre el Presidente dijo que se han atendido todos los problemas, incluyendo los legales, que impedían la continuación de la obra.

–Se interpusieron 17 amparos, de los cuales solamente uno se ha resuelto de manera definitiva (el relacionado con el agua del ejido de Ahuehueyo), es decir, hay 16 amparos vigentes, que están en el periodo de desahogo de pruebas periciales (vulcanología, antropología, hidrología, sicología social, medio ambiente). Todo esto no se ha resuelto y siguen vigentes nueve suspensiones que impiden que los componentes del PIM funcionen. Esto es, el gasoducto Morelos no puede transportar el gas, no se puede llevar el agua de los campesinos a la termoeléctrica ni tampoco puede descargar el agua de purga hacia el río Cuautla.

Flores concede la entrevista a La Jornada a la vera del río Cuautla, a unos pasos del plantón que ejidatarios de la zona mantienen desde hace cuatro años. La charla se interrumpe unos segundos porque pasa una camioneta por el camino de terracería: Son los zapatistas, se oye decir a uno de los ocupantes del vehículo.

Desde el punto se puede ver la planta tratadora y en el suelo los tubos que tendrían que ser conectados antes de diciembre para que, como anunció el presidente López Obrador, la termoeléctrica de Huexca comience a funcionar.

El proyecto ha rebasado una década, pues se inició en el sexenio de Felipe Calderón. Las obras fueron construidas por consorcios españoles por encargo de la Comisión Federal de Electricidad.

Para el abogado Flores, el gobierno pretende dar una apariencia de legalidad a la decisión de continuar las obras y de ese modo “justificar una represión violenta hacia el plantón de Apatlaco.

Lo que está generando Obrador es que la gente vuelva a retomar la enseñanza que le dieron sus abuelos con Emiliano Zapata y todos los que combatieron para recobrar esos derechos que les quieren negar.

En su turno en la mañanera del 10 de septiembre, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, informó que se realizaron diligencias periciales en hidrología forense, las cuales arrojaron que el proyecto no causaba afectaciones al suministro de agua en los canales de riego de los ejidos, según el comunicado oficial.

El abogado Flores sostiene que se mantienen vivos seis amparos relacionados con el uso del agua del río Cuautla, además de otro por la descarga de la termoeléctrica y uno más por el gasoducto que atraviesa el municipio de Amilcingo. Como ejemplo cita la suspensión definitiva que impide descargar el agua de purga al río Cuautla (amparo 1823/2014).

La Secretaría de Gobernación, dice Flores, solicitó que todos los amparos se concentraran en el juzgado sexto de distrito de Morelos, y en el primer tribunal colegiado de la misma entidad, lo que no abona a la diversidad de criterio judiciales que pudo haber existido.

Además de las acciones legales relacionadas con el agua, están pendientes al menos cuatro amparos de las comunidades que objetaron la consulta realizada en febrero del año pasado (en la que se impuso el sí con 60 por ciento de los votos). Las comunidades argumentan que se violó su derecho a la autodeterminación y a la consulta libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada, que establece el Convenio 169 de la OIT.

–El Presidente sostiene que la termoeléctrica debe funcionar porque se invirtieron recursos públicos.

–Sí, son recursos públicos, pero para servir a intereses privados.

En plan de no me ayudes, compadre, la mañana de este miércoles 16, en Cuernavaca, el gobernador Cuauhtémoc Blanco declaró a la prensa local que, aunque se trata de un tema que compete a la Federación, va a beneficiar mucho a los empresarios. Y completó con la consabida fórmula de la mano negra en el movimiento que se opone a la termoeléctrica: Hay, dijo, politiquitos que se están metiendo en cosas que no deben.