Eduardo Murillo y José Antonio Román

Académicos y especialistas en derecho constitucional advirtieron que la consulta propuesta con el fin de que los ciudadanos decidan si debe o no enjuiciarse a los ex presidentes es violatoria de los derechos humanos y al debido proceso, además de que pone en riesgo la autonomía e independencia de la Fiscalía General de la República.

Entrevistados por separado, el ministro en retiro de la SCJN José Ramón Cossío; el profesor de la Facultad de Derecho de la UAM Elisur Arteaga; Juan Jesús Garza, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y Salvador Mora Velázquez, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ambos de la UNAM, señalaron que la consulta coloca en una disyuntiva a la Corte.

El ministro Cossío aseveró que la justicia no puede estar sometida a consultas populares: No hay necesidad en modo alguno de abrir un procedimiento de consulta para determinar si las autoridades deben o no cumplir con sus atribuciones constitucionales y legales.

Un proceso judicial, explicó, debe regularse por razones técnicas basadas en las normas jurídicas y no en el voto popular.

Garza sostuvo que la pregunta es redundante y no procede, pues el artículo 35 de la Constitución señala que no se pueden someter a este ejercicio temas que impliquen restricciones a los derechos humanos, asuntos electorales, del sistema financiero o de seguridad nacional.

Elisur Artega afirmó que la SCJN se está jugando su autonomía, su independencia y su actuación como poder, además de que no puede avalar que la libertad o la seguridad jurídica de una persona dependan de una consulta popular.

Mora Velázquez aclaró que a los ex mandatarios, en calidad de ciudadanos comunes, ya sin ninguna prerrogativa ni excepcionalidad, sí pueden ser sujetos de algún proceso legal en cualquier momento, pero siguiendo los cauces del sistema de justicia mexicano, mediante una denuncia formal, no resultado de una consulta.