Roberto Garduño y Enrique Méndez

El volumen de recursos ilícitos en el país es muy alto, los flujos financieros ilegales se incrementaron considerablemente en los años recientes y la economía informal actúa como una barrera protectora a la delincuencia organizada, afirmó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo.

Refirió también que el flujo de efectivo en poder del público aumentó e incluso sostuvo que “la economía informal en México es lo suficientemente grande –equivalente a 22.7 por ciento del PIB–, como para poder ocultar en ella los recursos de origen ilícito”.

En una conversación pública en línea con la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Nieto Castillo sostuvo que el Banco de México también ha reportado un crecimiento inusual de manejo de dinero en las campañas políticas.

Reconoció que no se cuenta con una metodología para medir el volumen de recursos ilícitos generados con plena exactitud, y aun así se logró obtener información referente al monto de recursos ilícito en diversas categorías de delitos, que asciende a aproximadamente un billón 52 mil 692 millones de pesos, entre 2016 y 2018.

Resaltó que miles de millones de pesos son llevados al público y trabajados en efectivo por parte de la delincuencia organizada y se ha detectado que se depositan en bóvedas para uso paulatino.

Citó que 2015 fue el año que más incremento de dinero en efectivo se registró en México, respecto de 2014, y uno de los factores que podría explicar este movimiento inusual fue la triangulación de recursos de la Secretaría de Desarrollo Social, en tiempos de Rosario Robles Berlanga, a universidades estatales.

El funcionario abordó con los legisladores la Evaluación Nacional de Riesgos 2019-2020 y planteó un paquete de reformas, entre otras el de extinción de dominio a las cuentas congeladas al crimen organizado, pero reconoció que su iniciativa para que la UIF ejerciera sobre ese dinero la extinción de dominio –rechazada por los diputados el año anterior– tenía errores.

“La única vía para la extinción de dominio es una acción del Ministerio Público ante un juez especializado, por lo que la UIF no podría intervenir. Sería absolutamente inconstitucional, pero sí se puede hacer algo con las cuentas de los cárteles que nadie reclama”, dijo. En el sistema financiero existen 2 mil millones de pesos de cuentas congeladas al crimen organizado, pero el dinero se lo quedan los bancos.

Planteó considerar como actividades vulnerables la operación de fideicomisos e incluso de partidos políticos y sindicatos, y ofreció colaborar con el Instituto Nacional Electoral para indagar a candidatos en las elecciones de 2021.

Informó que en México la banca múltiple es una actividad de riesgo alto, con una posibilidad de 97 por ciento de ser infiltrada o usada por grupos para lavar dinero, debido a la cantidad de operaciones, usuarios, montos y reportes relevantes e inusuales”, abundó.