Angélica Enciso L.

Tras el derrame hace seis años de 40 millones de litros de residuos peligrosos de Grupo México en el río Sonora, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) pidió a la empresa establecer un fideicomiso de 2 mil millones de pesos, y la administración pasada de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales lo finiquitó.

Ahora se encontró que sólo se acreditó el pago a la gente por 500 millones de pesos, se hicieron pagos por fuera por 700 millones, no hay pruebas de dónde están 100 millones y hay discrepancia en la información, señaló la procuradora Blanca Alicia Mendoza.

El 6 de agosto de 2014 en Cananea, Sonora, la minera Buenavista del Cobre derramó residuos peligrosos en los ríos Sonora y Bacanuchi. El fideicomiso acordado con Grupo México para remediar y apoyar a los afectados lo presidió Rodolfo Lazy, subsecretario de Planeación de la Semarnat en el sexenio pasado.

Tras una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Profepa comenzó una revisión de la documentación de la subsecretaría de la Semarnat. Se trata de alrededor de 300 mil documentos electrónicos, con información de los pagos a jornaleros, al sector agropecuario, entre otras personas a las que se cubrieron. Esta información se cotejó con la que aparece en el libro blanco de este caso y se encontraron faltantes, indicó Mendoza en entrevista.

Añadió que una irregularidad es que Grupo México debía depositar los 2 mil millones de pesos, lo cual no se hizo, sólo depositó 500 millones para la remediación y reparación del daño. Además, dijo, se debe tener en cuenta que los 2 mil millones asignados para la remediación y reparación del daño eran iniciales, no era el máximo a que se comprometía la minera.

Agregó que en el libro blanco se señala que fueron alrededor de mil 200 millones de pesos los que Grupo México entregó, ya que hubo 700 millones con los que se hicieron pagos por fuera, pero debieron hacerse a través del fideicomiso. Esos pagos se deben revisar y acreditar.

Anunció que se hará una plataforma con esta información que se pondrá en las páginas de la Semarnat y la Profepa para cumplir con principios de transparencia. Señaló que aún se deben explicar los alcances del convenio establecido para atender el problema, falta saber a quiénes amparó, así como las medidas de remediación que se hicieron, y se deben presentar pruebas sobre el cumplimiento en esas acciones.

Ante la inconformidad de pobladores de la zona, respondió que a la gente les digo que tienen toda la razón. Tenemos el deseo de dejar resuelto el asunto lo más pronto posible. La pandemia hizo que este año se suspendieran procedimientos judiciales, pero se verá si se pueden hacer en forma virtual. Tenemos esta deuda, reconoció.

Agregó que la empresa está en su derecho de presentar pruebas, una vez que se ejerzan estos derechos. La Profepa podrá emitir una resolución y tomar en cuenta la propuesta de la Suprema Corte sobre las demandas de la gente amparada. Precisó que los derechos humanos no prescriben.