Enrique Méndez

El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas no ha funcionado como un sistema de prevención que garantice la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas en riesgo que realizan esas actividades, determinó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

El ente fiscalizador concluyó que el mecanismo opera con deficiencias económicas, los funcionarios que participan en las mesas de trabajo no tienen el nivel de rango requerido, la Secretaría de Gobernación no ha realizado un mapa de riesgos y se evidencia una falta intrépida por atender el problema de agresiones contra periodistas.

Tal situación se agrava en el caso de los estados, porque si bien sólo el gobierno de Veracruz –durante el mandato de Miguel Ángel Yunes Linares– aplicó la única política de prevención, en ese estado se disparó el número de agresiones, represión y asesinatos contra periodistas.

El gobierno de Chihuahua, todavía con Fernando Baeza, estableció el Sistema de Alerta Temprana, al que dio continuidad Javier Corral. La ASF señaló: con el sistema se elaboró un diagnóstico que permitió identificar que el problema principal del estado han sido los ataques del narcotráfico y las campañas de difamación, acoso mediático y estigmatización en contra de periodistas; no obstante, (el gobierno del estado) no estableció un plan de contingencia.

Ante ese panorama, la ASF sostuvo que a los gobernadores y a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México no les interesa salvaguardar la vida y la integridad de las personas que ejercen sus derechos a la libertad de expresión.

Incluso encontró que el mecanismo de protección no obliga a los gobiernos de los estados y de la capital del país a acatar las resoluciones, porque éstas son obligatorias sólo para autoridades federales, por lo que la participación de gobernadores se limita a decidir y aplicar medidas de prevención y protección.

En la revisión, la auditoría encontró que Gobernación no realizó ningún diagnóstico sobre el riesgo y amenazas contra periodistas.

Al hacer la observación, la secretaría respondió que los diagnósticos se elaboraron con recursos de los estados y ayuda de la sociedad civil, porque la unidad encargada no contó con recursos suficientes para diseñar sistemas de alerta temprana y planes de contingencia.

El informe también refiere que en seis años de aplicación del mecanismo, se ha disparado el número de solicitudes de periodistas para acogerse a la protección.

En 2012 se presentaron siete solicitudes; en 2013, 50; en 2014, 190; en 2015, 365; en 2016, 444; en 2017, 546, y en 2018, 669, para un total de 2 mil 271.

De esa cifra, sólo se han concluido 67 casos, fenómeno que para la ASF evidenció que las agresiones en contra de periodistas no han disminuido y persisten los riesgos.