Andrea Becerril y Víctor Ballinas

El senador Napoleón Gómez Urrutia (Morena) advirtió que con el regreso de la concesión de Pasta de Conchos al Estado, el dueño de Grupo México, Germán Larrea, sólo busca evadir su responsabilidad y exigió que se le obligue a pagar una indemnización justa a las familias de los 65 trabajadores fallecidos por la explosión en esa mina de carbón ubicada en Coahuila.

Regresar la concesión de Pasta de Conchos 14 años después de la explosión sólo tiene el propósito de confundir para que se olvide la negligencia y cobardía de haber dejado abandonados y sepultados a los mineros.

Demandó que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tome en cuenta la opinión tanto de expertos extranjeros como nacionales para el rescate de los restos de los mineros, ordenado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sobre todo, del ingeniero Fernando Acosta, quien se desempeñó como jefe de las cuadrillas de rescate en Pasta de Conchos luego de la explosión de febrero de 2006.

Aseguró que la recuperación de los cuerpos puede realizarse en tres meses con un costo de 5 millones de pesos y lamentó que no ha sido invitado a participar en la planeación de las tareas de rescate.

El dirigente del Sindicato Minero recordó que Acosta estuvo a unos metros de rescatar a los 63 mineros sepultados, pero no lo hizo porque cinco días después de la explosión, Grupo México, con la anuencia de Vicente Fox, decidió cerrar la mina y Larrea sostuvo que el rescate costaría 50 millones de dólares.

Acompañado por otros senadores de Morena, como Martí Batres, y de integrantes del comité ejecutivo del gremio, Gómez Urrutia expuso que, como lo han hecho en los 14 años recientes, el Sindicato Minero insistirá en el rescate de los cuerpos, en que haya indemnizaciones dignas y justas, y que se reabra la investigación, quizá por medio de fuentes independientes, para que se sepan las causas del accidente y los responsables sean llamados ante la ley.

Expuso que además de haberse negado a rescatarlos, Larrea ofrece ahora, casi década y media después de la tragedia, 3 millones de pesos a las viudas que tienen demanda contra Grupo México, porque desde febrero de 2006, cuando ocurrió la explosión y el derrumbe, quedaron en el desamparo, apoyadas sólo por el sindicato.