David Brooks

Aumentan las especulaciones sobre si delatará a sus cómplices

Nueva York. Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública, está en negociaciones con fiscales federales estadunidenses en Brooklyn para llegar a un acuerdo y posiblemente evitar un juicio por cargos de facilitar operaciones de narcotráfico para el cártel de Sinaloa.

Documentos oficiales registrados de manera conjunta por los abogados de defensa y el gobierno de Estados Unidos ante el Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York (ubicado en Brooklyn) confirman que “están realizando negociaciones para un acuerdo con el fiscal, las cuales creen que probablemente resultarán en una disposición de este caso sin un juicio….”. Para ello solicitan un aplazamiento del proceso judicial mientras negocian.

Este tipo de negociación entre fiscales y el acusado generalmente implica la búsqueda de un acuerdo en el que el acusado acepta ser testigo cooperante y recibe una condena reducida a cambio de coadyuvar con el Departamento de Justicia en otros casos.

No se conocen los términos precisos que están bajo negociación, pero esto inevitablemente detona especulaciones sobre cómo y contra quiénes se usaría la colaboración de García Luna en las investigaciones y procesos judiciales estadunidenses, si es que se llega a un acuerdo.

Por ahora, García Luna enfrenta condenas potenciales de entre un mínimo de 10 años de prisión a un máximo de cadena perpetua por los cuatro cargos de conspiración de narcotráfico de cocaína y declaraciones falsas a las autoridades.

Según la acusación formal, los fiscales federales estadunidenses afirman que mientras ocupaba altos puestos de gobierno entre 2001 a 2012, García Luna recibió decenas de millones de dólares en sobornos del cártel de Sinaloa a cambio de otorgar protección a sus actividades, incluyendo el traslado de drogas, proporcionar información sobre investigaciones del cártel por agencias de seguridad como también sobre las actividades de grupos criminales rivales.

El acusado fue arrestado en Dallas el 9 de diciembre por agentes federales bajo órdenes giradas por la fiscalía federal en Nueva York emitidas el 4 de diciembre. Fue presentado por primera vez ante el tribunal en Brooklyn el pasado 3 de enero, cuando se declaró no culpable.