Blanche Petrich

Puerto Príncipe, Haití. La deportación de niños nacidos en Brasil, Chile o Venezuela desde México hacia un país que no es su origen –aunque sus padres sean haitianos– es una flagrante violación al Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, manifiesta Geralda Sainville, coordinadora del Grupo de Apoyo a Refugiados y Repatriados (GARR) de Haití. México copatrocinó este acuerdo en la cumbre mundial de las Migraciones de la ONU en Marrakesh, como primer acto de alta diplomacia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la segunda semana de diciembre del año pasado.

Entre los grupos de haitianos deportados en forma masiva por el Instituto Nacional de Inmigración a lo largo del año –cerca de 400, hasta donde se tiene noticia– hay un número indeterminado de niñas y niños menores de seis años que no nacieron en ese país ni tiene la nacionalidad haitiana. La mayor parte son hijos de emigrantes que formaron parte de la gran oleada que llegó legalmente a Brasil entre 2011 y 2017 al abrigo de un acuerdo bilateral con el gobierno de Brasilia.

Esto nos parece inaceptable, sobre todo por parte de México, un país que se dice amigo de Haití, sostiene la activista, quien atiende la interminable crisis humanitaria de los deportados que la República Dominicana arroja constantemente a través de la frontera común.

Todas las normas del derecho humanitario sobre migrantes prohíben las deportaciones masivas. Antes de tomar estas medidas debe estudiarse caso por caso, tiene que haber un diálogo previo, contacto y consenso con el país de origen; en este caso con el gobierno brasileño. Y con mucho más razón si se trata de niños, protegidos por leyes internacionales.

Sobre la negativa del gobierno mexicano de otorgar asilo a los solicitantes haitianos, Geralda Sanville subraya que en la coyuntura actual de su país, nuevamente sacudido por la inestabilidad política y una desorganización generalizada del Estado, donde aún se parecen las secuelas de los dos grandes desastres de 2010, el terremoto de enero y la pandemia del cólera, están presentes varios de los presupuestos previstos en las leyes internacionales sobre asilo para que el Estado mexicano esté obligado a otorgarles protección. Es, antes que nada, una cuestión humanitaria.

Según datos de la Organización Internacional de las Migraciones, entre 2011 y 2017 se registraron 67 mil haitianos migrantes en Brasil, 17 mil en Chile y en Venezuela 6 mil 500. En 2018, con la pérdida de oportunidades de trabajo en esos países, se empezaron a formar flujos de estos grupos para moverse hacia el norte del continente.

En ese periodo, según El Colegio de la Frontera Norte, llegaron a México y se asentaron a lo largo de la línea divisoria con Estados Unidos 18 mil haitianos en un movimiento migratorio organizado por la misma comunidad. La mayor parte se adaptaron y asentaron en varias ciudades fronterizas, principalmente Tijuana y Ciudad Juárez.

A partir de febrero de 2019, cuando México cerró el paso de estos flujos con la fuerza pública, los diversos éxodos multinacionales quedaron atrapados en la frontera sur, concretamente en Tapachula. Ni se les permite el paso ni se regulariza su situación migratoria. Tampoco se les ha otorgado asilo. De acuerdo a las estadísticas publicadas por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), desde 2017 no se ha respondido positivamente a ninguna solicitud de refugio de haitianos (mientras que para solicitantes venezolanos hay una respuesta positiva en 8 mil 293 casos).

Luis Villagrán, del Centro de Dignificación Humana en Tapachula, asegura que en esa ciudad fronteriza hay al menos 3 mil 500 haitianos solicitantes de asilo. Aunado esto las prácticas dilatorias del INM para regularizar su situación los deja en un limbo legal que agrava su precariedad, que los expone a ser deportados en cualquier momento.