José Antonio Román

 A unos días de que concluya el año, las universidades autónomas de Nayarit y Morelos, además de la Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, no han cubierto el pago del aguinaldo y otras prestaciones económicas a su personal académico y administrativo, debido a falta de recursos económicos.

En contraparte, con la firma de un convenio de colaboración entre autoridades federales y estatales, las universidades autónomas de los estados de México, Chiapas, Tabasco, Sinaloa, Zacatecas y Benito Juárez de Oaxaca pudieron ya cubrir sus compromisos laborales con su personal, aunque la crisis estructural en sus finanzas no se ha resuelto de fondo.

En el caso de la Universidad Nicolaíta, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP), ha condicionado la entrega de 550 millones de pesos al cumplimiento de compromisos pactado el año pasado de realizar reformas a su esquema de pensiones y jubilaciones.

En una misiva, el subsecretario de Educación Superior de la SEP, Luciano Concheiro, señaló hace unos días que hasta el momento sólo el Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana ha realizado las acciones necesarias para el saneamiento de las finanzas universitarias, pero el Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana no ha aceptado las modificaciones y pretende seguir teniendo prerrogativas en su sistema de jubilación y en sus prestaciones ligadas y no ligadas fuera del convenio financiero, como es el caso de la jubilación dinámica y completa a los 25 años de trabajo, entre otras.

El secretario general de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (Contu), Enrique Levet, señaló que la situación se presenta complicada en estos tres casos no resueltos, aunque dijo que este escenario seguramente se repetirá en 2020, pues no se están tomando las medidas a largo plazo y de manera integral.

Citó que en el caso de Nayarit, las autoridades universitarias han informado a la dirigencia sindical que este jueves y viernes serán cubiertos los adeudos con los trabajadores académicos y administrativos, pero priva la incertidumbre entre los trabajadores a quienes les han dado diversas fechas para el pago y no se han cumplido.