Eduardo Murillo y Gustavo Castillo

El montaje televisivo de la aprehensión de Florence Cassez, entre los casos más destacados

Genaro García Luna fue el policía favorito de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, quienes permitieron que aun teniendo estudios no relacionados con el tema de seguridad –es ingeniero mecánico– escalara en la burocracia mexicana desde el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) hasta la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), acumulando en su carrera denuncias por corrupción y violaciones a derechos humanos.

El ex funcionario detenido el lunes en Dallas, Texas, a finales de los años 80 empezó su carrera policial en el Cisen y de allí fue ascendiendo en las filas del espionaje mexicano hasta convertirse en el hombre más poderoso en la materia en México de 2006 a 2012, cuando dirigió la SSP federal en el gobierno de Felipe Calderón.

Durante su gestión como alto funcionario público buscó ser el mando único de las corporaciones federales, incluida la policía aduanera y fiscal, pero fracasó en el intento de arrebatar a la hoy Fiscalía General de la República y a la Secretaría de Hacienda las áreas de investigación y persecución de los delitos. Después intentó que todas las corporaciones locales estuvieran regidas desde la institución a su cargo, pero encontró oposición de los gobiernos estatales y no logró desaparecer a las policías municipales.

Además de ser señalado como un personaje cuyos colaboradores tenían nexos o brindaban protección a grupos delictivos, en particular al cártel de Sinaloa, García Luna recibió críticas a su trabajo.

Uno de los casos que evidenció la manera de actuar de la policía a su mando ocurrió en 2005, cuando ordenó la recreación televisiva de un operativo contra presuntos integrantes de una banda de secuestradores, lo cual permitió que la ciudadana francesa Florence Cassez fuera puesta en libertad porque se violó la presunción de inocencia.

En 1999 ocupó uno de los primeros mandos de Policía Federal Preventiva (PFP), donde estuvo a cargo de la Coordinación de Inteligencia. Al año siguiente, ya en el gobierno de Vicente Fox, fue designado jefe de la Policía Federal Judicial, que de inmediato se transformó en Agencia Federal de Investigación (AFI).

En ese contexto, el 9 de diciembre de 2005 García Luna autorizó la escenificación –para los noticieros de Televisa– de la aprehensión de una banda de presuntos secuestradores, entre los cuales estaba la ciudadana francesa Florence Cassez.

Pese a este episodio, García Luna siguió ascendiendo en la alta burocracia. En 2006, Felipe Calderón lo nombró titular de la SSP, transformó la PFP en Policía Federal (PF), desarrolló un esquema en el que la corporación aumentó a más de 30 mil elementos, adquirió armamentos, vehículos terrestres, aeronaves y equipos de espionaje, y construyó el primer Centro de Mando.

Intentó fusionar la AFI con la PF y durante meses obligó que todo mandamiento judicial y ministerial estuviera bajo la supervisión de sus hombres más cercanos, como Luis Cárdenas Palomino, Javier Garza Palacios y Édgar Millán Gómez, este último asesinado en 2008 presuntamente tras haber traicionado a los hermanos Beltrán Leyva, y se llegó a mencionar que la PF era utilizada para perseguir a los grupos antagónicos al cártel de Sinaloa.

Es precisamente esta complicidad por la que una corte federal de Brooklyn lo acusa de conspiración para el tráfico de drogas y lo señala por haber recibido cantidades multimillonarias con el fin de permitir el tráfico binacional de cocaína.

En su administración en la SSP se hicieron costumbre las presentaciones de detenidos en el hangar de la PF, donde se hacía gala del armamento de la corporación y se exhibía a los detenidos, así como las drogas con las que supuestamente se les había aprehendido.

Años después se supo que más de 80 por ciento de los imputados en esos casos quedaron libres por lo endeble de las acusaciones en su contra.

Con García Luna se creó Plataforma México, la cual afirmó que sería un banco de datos sobre la incidencia criminal a escala nacional. Sin embargo, fue criticado por no compartir dicha información con las autoridades estatales.