Víctor Ballinas

El Ejecutivo buscará devolver a la gente la confianza en las instituciones

El consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra; el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, y presidente de la Junta de Cordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, durante los trabajos para una reforma en materia de procuración de justicia.

Los tres poderes de la Unión iniciaron ayer en la casona de Xicoténcatl, antigua sede del Senado, los trabajos para una reforma de fondo en materia de procuración e impartición de justicia con el objetivo de que los ciudadanos vuelvan a confiar en las instituciones y acabar con la corrupción, el nepotismo y la impunidad.

El consejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer Ibarra, sostuvo que es necesario realizar cambios en la justicia local y federal a fin de lograr una modificación sustantiva en su operación y entre sus actores, con el objetivo primordial de mejorar el acceso, perfeccionar el ordenamiento penal y la impartición en su conjunto.

Anunció, ante ministros, jueces, magistrados, funcionarios y senadores, que el presidente Andrés Manuel López Obrador enviará al Poder Legislativo un paquete de reformas constitucionales para reducir la impunidad, la corrupción y mejorar la capacidad del Estado de impartir justicia y alcanzar la igualdad y la paz social.

Las propuestas del Ejecutivo son seis: reforma al Código Penal Único, que permitirá contar con una norma homologada, con aplicación en todo el territorio nacional y que garantice un trato idéntico a las mismas conductas punibles, situación que no se presenta actualmente como consecuencia de la multiplicidad de reglamentos en las entidades federativas.

Además, precisó, se deja a la libre autodeterminación de las entidades federativas la tipificación de los hechos relacionados con el aborto, la interrupción del embarazo y la eutanasia.

Scherer Ibarra informó que se propondrán cambios constitucionales para que las autoridades federales conozcan de los delitos en que incurren funcionarios de corporaciones policiales, de las entidades y de los municipios, que infrinjan los principios establecidos en el párrafo noveno del artículo 21 de la Carta Magna.

También planteará una ley general sobre tipos penales especiales, para prevenir y sancionar los delitos de alto impacto, como el secuestro, la desaparición forzada y la trata de personas; una norma para homologar los procedimientos de procuración de justicia, la creación de un registro nacional de carpetas de investigación y las bases de atracción de los casos entre el Ministerio Público de la Federación y de las entidades federativas, y una reforma a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad .

Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN), hizo una autocrítica y reconoció que el Poder Judicial no ha podido ganarse la plena confianza de la ciudadanía, ello se debe en gran medida al fenómeno generalizado del nepotismo y a los casos de corrupción que, si bien están focalizados, tienen hondas raíces y un profundo impacto.

El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, dijo que los datos son abrumadores y las circunstancias son las más críticas en muchos años. Planteó como una fecha para que la reforma esté lista antes del 18 de enero próximo.

Refirió que de acuerdo con la más reciente encuesta en la materia del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el año reciente se han cometido cerca de 33 millones de delitos, de los cuales 99 por ciento han quedado impunes.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, resaltó que esta legislatura tiene la responsabilidad histórica de elaborar, proponer y acordar, con los integrantes del Poder Judicial, el andamiaje normativo para asegurar que los jueces se conduzcan con absoluta visión de igualdad, inclusión, justicia social, protección a grupos vulnerables, paridad de género, derecho a la verdad y otros elementos de equilibrio funcional de la sociedad”.