Alonso Urrutia Y Alma Muñoz

Destaca el aumento de la inversión extranjera, el superávit fiscal y la distribución del ingreso más justa

El presidente López Obrador destacó el acuerdo por el cual se renegociaron los contratos relacionados con los gasoductos que distribuirán combustible a las estaciones de la CFE y agradeció su apoyo a Carlos Slim y Carlos Salazar, además de elogiar la labor de Manuel Bartlett como facilitador del acuerdo.

Si bien la economía está creciendo poco, es cierto, no hay recesión, admitió el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su tercer informe al pueblo de México –primero, de acuerdo con el formalismo constitucional–, en el que destacó que ahora es menos injusta la distribución del ingreso, es decir, hay más desarrollo y más bienestar.

En Palacio Nacional, ante casi 600 invitados que lo escucharon seis horas antes de la entrega oficial del Informe al Congreso de la Unión, López Obrador presentó sus datos sobre el rumbo de la economía: la inversión extranjera asciende a 18 mil millones de dólares y el superávit en el segundo trimestre del año fue de 5 mil 143 millones de pesos, el mayor desde que se iniciaron los registros en 1980.

Larga enumeración de cifras para mostrar su visión de la realidad económica nacional en las que mencionó, entre otras variables, que las exportaciones se ubicaron en 39 mil millones de dólares; la inflación fue de 3.8 por ciento en julio, la más baja desde diciembre de 2016, y las reservas internacionales crecieron en 54 mil 200 millones de pesos en lo que va de la administración.

En este contexto, reivindicó la más polémica de las acciones que ha adoptado: cancelar el proyecto del aeropuerto en Texcoco. Aún con el costo que implicó abandonar este proyecto, estoy convencido de que fue la mejor decisión, y argumentó: En el lago de Texcoco, la terminal aérea habría estado condenada a sufrir de constantes hundimientos. Se evitó la destrucción del lago Nabor Carrillo, asiento de aves migratorias.

Otro rubro, en el ámbito económico, que enfatizó el Presidente fue la nueva política de compras y adquisiciones gubernamentales, que ha permitido ahorrar 145 mil millones de pesos en nueve meses. Los lujos, los dispendios y la opulencia que caracterizaban el ejercicio del poder presidencial han llegado a su fin.

La nueva política económica, aseguró, implica mantener finanzas públicas sanas, equilibradas y no deficitarias. López Obrador aseveró que los parámetros para medir el desarrollo es la reducción de la pobreza y la desigualdad como un imperativo ético de su gobierno.

Pidió dejar atrás la hipocresía neoliberal acerca de las obligaciones gubernamentales y el papel del Estado. Hay que reconocer que a éste “le corresponde atemperar las desigualdades sociales. No es posible seguir omitiendo la justicia social de las obligaciones de gobierno. No es jugar limpio utilizar al Estado para defender intereses particulares y procurar desvanecerlo cuando se trata del beneficio de las mayorías.

No es ético ni lícito defender la facultad del Estado para rescatar instituciones financieras en quiebra y considerarlo una carga cuando se trata de promover el bienestar de los más pobres, aseveró.

Discurso oscilante entre la censura al pasado neoliberal y la reivindicación de las políticas actuales en materia económica: Existe aún la idea falaz de que el Estado no debe promover el desarrollo ni buscar la redistribución del ingreso, sino limitarse a crear las condiciones que permitan a los inversionistas hacer negocios y asumir que los beneficios se derramarían automáticamente al resto de la sociedad. Esta suposición se reveló cruelmente falsa durante el periodo neoliberal.

López Obrador aludió a los principales megaproyectos que pretende desarrollar en el sexenio, entre ellos el desarrollo integral del Istmo de Tehuantepec, que implica las obras –ya iniciadas, dijo– de ampliación y modernización de los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos, así como las rutas ferroviarias.

Informó que ya se realizó la consulta a las comunidades para incorporarlas al proyecto que incluye la definición de una zona franca que favorezca la creación de parques industriales a lo largo de los 230 kilómetros del Istmo. Un proyecto que, aseveró, se equipara al canal de Panamá que será impulsado con mecanismos de reducción de impuestos y costo de los combustibles.

Al referirse –como caso emblemático de la lucha anticorrupción– al combate al robo de combustible, aseveró que permitió abatir en 94 por ciento la incidencia de este delito, que alcanzó el robó de 80 mil barriles diarios en el sexenio pasado.

El huachicol también tuvo su símil con la eliminación de las condonaciones fiscales mediante decreto: “Tenemos que aplicar la ley parejo. Ni huachicol arriba ni huachicol abajo. El ofensivo privilegio de la condonación fiscal significaba que grandes empresas y bancos no pagaran impuestos, pues los altos funcionarios de Hacienda, con el visto bueno del presidente, ejercían la facultad discrecional de condonar adeudos”.

Ante connotados empresarios, como Carlos Slim, Emilio Azcárraga y Germán Larrea, López Obrador condenó que, con el visto bueno presidencial, se otorgaron privilegios fiscales a 108 grandes contribuyentes beneficiándolos con condonaciones fiscales por 213 mil millones de pesos.

También ponderó la importancia que tiene haber detenido, por primera vez en 14 años, la consistente y progresiva caída en la producción petrolera. En diciembre de 2004 se alcanzó una producción de 3 millones 400 mil barriles de petróleo, cifra que se redujo a un millón 670 mil.

De forma insistente, López Obrador destacó la estrategia contra la corrupción, reivindicó la honestidad del nuevo gobierno y recordó el acuerdo por el cual se renegociaron los contratos relacionados con los gasoductos que distribuirán gas a las estaciones de la Comisión Federal de Electricidad, y puso especial énfasis al agradecer a Carlos Slim y al presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, al tiempo que elogió la labor del director de la empresa del Estado, Manuel Bartlett, como facilitador del acuerdo.