Eduardo Murillo y Gustavo Castillo

En abril de 2003, Rosario Robles Berlanga, entonces presidenta del Partido de la Revolución Democrática, durante la presentación de los candidatos externos a diputados federales. En ese acto, entre otros, la acompañó Emilio Zebadúa, quien sería oficial mayor cuando ella encabezó la Secretaría de Desarrollo Social, en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

La vinculación a proceso penal contra Rosario Robles no significa que haya sido declarada culpable, sólo se trata de la consideración judicial de que existen indicios de prueba que hacen presumir su presunta responsabilidad en hechos que se consideran delito.

Será hasta dentro de dos meses cuando el Ministerio Público Federal (MPF) presente los resultados de la investigación complementaria y el juez determine si se somete a juicio o se desvanece la imputación.

De acuerdo con los procedimientos del sistema penal, Robles Berlanga debe permanecer internada, inicialmente, durante dos meses, pues se le dictó prisión preventiva a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR) ante la posibilidad de que se sustraiga a la justicia, no obstante que el delito que le imputa no se considera grave.

Durante el periodo de investigación complementaria, la FGR puede recabar más indicios para presentarlos ante el juez, quien notificará de cada uno de los nuevos elementos a los abogados de Robles Berlanga para su conocimiento.

En este proceso podrían incluirse los indicios que la Unidad de Inteligencia Financiera anunció acerca de 105 convenios irregulares que la ex titular de la Sedesol habría firmado, que se sumarían a los detectados por la Auditoría Superior de la Federación.

Si la fiscalía considera que dos meses son insuficientes, puede solicitar la ampliación del periodo de investigación complementaria, hasta sumar medio año.

En este tiempo puede haber audiencias intermedias donde la FGR presentará los nuevos indicios que recabe y la defensa de la imputada podrá tratar de desestimar que sean admitidos como prueba.

Robles Berlanga permanecerá en el reclusorio de Santa Martha Acatitla y, como todas las internas que no han sido sentenciadas, permanecerá en el área de ingreso del Centro de Observación y Clasificación, sin contacto con la población carcelaria procesada. Eventualmente, la FGR podría solicitar su traslado a un penal federal por motivos de seguridad, pero esto tendría que ser con autorización judicial.

Una vez que se dicte el cierre de la investigación, el juez evaluará cuáles indicios de cargo y descargo pueden ser admitidos como pruebas, por cumplir con todos los requisitos de ley, y si determina que hay argumentos suficientes podrá iniciar el juicio penal oral contra Rosario Robles.