César Arellano García

Armando Saldaña Flores, ex director general de Ordenamiento Territorial y Atención a Zonas de Riesgo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), niega que sean suyas las firmas de un convenio para la contratación de trabajos por 185 millones de pesos con la Universidad Politécnica Francisco I. Madero del estado de Hidalgo en 2016.

En entrevista con La Jornada, uno de los cercanos colaboradores de Rosario Robles Berlanga, dice que su rúbrica fue analizada por peritos forenses en grafología, tanto oficiales como privados, y ambos coinciden que no corresponde por su ejecución a Saldaña Flores. El dictamen se realizó en agosto pasado sobre documentos originales. Pese a ello, la semana pasada un juez de control lo vinculó a proceso por el probable delito de uso indebido de atribuciones y facultades, en la hipótesis de que Saldaña Flores presuntamente formó parte de una contratación indebida y solicitó o promovió autorizaciones de contenido económico.

El abogado Alberto del Río Azuara confía en la justicia federal para establecer que su cliente fue víctima de la falsificación de sus firmas y, por tanto, no participó en los hechos que le han imputado.

Sin facultades

De acuerdo con el ex funcionario, cuando estuvo en el cargo no tenía facultades ni atribuciones de contratar o hacer convenios con universidades, y comenta que cuando se enteró que su firma fue falsificada denunció los hechos ante el Órgano Interno de Control de la dependencia, el 8 de junio de ese mismo año, y el 12 junio lo hizo de manera penal en la entonces Procuraduría General de la República, ya asesorado por su defensa legal.

Saldaña Flores dependía en ese entonces de Enrique González Tiburcio, subsecetario de Ordenamiento Territorial, vinculado también a proceso, y quien fue coordinador de asesores de Robles Berlanga. “De mi denuncia nunca hicieron acto de investigación, pero la PGR sí le dio seguimiento a lo señalado por el Órgano Interno de Control el 23 de junio. Es cuando la fiscalía me pide que vaya de manera voluntaria a realizar las pruebas de grafoscopía, que sirvieron de base para que una vez que apareció el documento original del primer convenio específico y su anexo de ejecución se determinara que no corresponden a mi firma. Los dictámenes periciales obran en originales en poder de la fiscalía y están integrados en la carpeta de investigación.

Pero no sólo eso, añadió que la fecha en dos documentos no coincidían, porque en esos días se encontraba comisionado en Nueva York y Barcelona. Sin embargo, para el juez de control se tienen que analizar los demás documentos de los convenios y no sólo uno de los seis originales.