Andrea Becerril y Vïctor Ballinas

El Senado aprobó la minuta que modifica la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, con el voto de Morena y sus aliados y la abstención de los grupos parlamentarios de PRI y PAN, cuyos legisladores consideraron que se debió esperar la resolución de la Suprema Corte de Justicia (SCJN), que analiza diversos recursos en contra de esa norma.

La minuta proveniente de la Cámara Diputados fue aprobada sin cambios, con 75 votos a favor y 37 abstenciones, y fue turnada al Presidente de la República para su promulgación.

Senadores priístas, panistas y perredistas advirtieron que en la reforma se establecen sanciones desproporcionadas, de hasta 12 años de prisión, al servidor público que no regrese o reintegre remuneraciones indebidas, es decir, mayores al sueldo, jubilación, pensión o haber de retiro que les corresponda.

Morena y sus aliados del Partido del Trabajo y Encuentro Social rechazaron todas las reservas presentadas por la oposición, por lo que las senadoras Minerva Hernández, del PAN, y Nuvia Mayorga, del PRI, advirtieron que podrían controvertir de nueva cuenta la legislación ante la SCJN.

Senadores de oposición insistieron en modificar varios artículos de la ley, para dejar a los integrantes del Poder Judicial, de los órganos autónomos y de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad fuera de esa regulación, que establece que ningún servidor público tendrá un salario superior al del Presidente de la República, pero no tuvieron éxito.

De entrada, las senadoras de Morena Freyda Maribel Villegas y Ana Lilia Rivera –presidenta de la Comisión de Asuntos Legislativos– advirtieron que la suspensión provisional que la SCJN otorgó a quienes promovieron una acción de inconstitucionalidad contra la ley de remuneraciones, aprobada en septiembre de 2018, no implica dejar de legislar en la materia.

A corregir anacronismos

El dictamen busca depurar la legislación, a fin de corregir ciertas deficiencias y anacronismos, en una muestra de voluntad política para el mejoramiento de la legislación, puntualizó Rivera. Explicó que se cambió la referencia a salario mínimo por la de Unidad de Medida y Actualización y el lugar de Distrito Federal por Ciudad de México.

El coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, advirtió que si bien el dictamen resuelve las deficiencias de una ley desfasada e inaplicable, aún existen elementos que dejan subsistente la acción de inconstitucionalidad presentada por PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano ante la SCJN.

Por ello, propuso establecer que se incurrirá en los delitos de remuneración ilícita y cohecho cuando el servidor público dolosamente apruebe el pago de remuneraciones, pensiones, jubilaciones, préstamos o liquidaciones no autorizadas, o aquel que se abstenga de devolver un pago en demasía que haya recibido.

De no incluirse que la actuación es con dolo, se posibilitará que un servidor público que por descuido o desconocimiento no devuelva en el término de 30 días el pago mayor a su sueldo o cualquier otra remuneración, vaya a prisión desde seis meses hasta 12 años.

El panista Julen Rementería planteó eliminar todo el artículo que establece las sanciones, pero fue rechazada la propuesta, al igual que otras 23 reservas de la oposición. En todos los casos, Morena y sus aliados ni siquiera aceptaron que se discutieran.