Jessica Xantomila y Alonso Urrutia

Las elecciones de este primero de julio no sólo anuncian, por sus dimensiones, una reconformación del mapa político nacional, sino que también se proyecta, debido a las nuevas condiciones de competencia, un incremento de la presencia de la mujer en ese ámbito.

Por primera vez participarán 40 mil 162 candidatas y, a pesar de que se introdujo incipientemente en 2015, para estos comicios se ha potenciado la postulación de mujeres en condiciones de más competitividad para que no sean ubicadas sólo en los espacios con escasas posibilidades de ganar.

No obstante que en forma paulatina ha crecido la presencia femenina, principalmente en los congresos, existe un rezago en este ámbito, principalmente en cuanto al Poder Ejecutivo: sólo uno de los 32 gobernadores es mujer. Y si bien en la Cámara de Diputados ya alcanzan 42 por ciento, en el Senado representan apenas 25 por ciento, y en los 2 mil 68 municipios en que se divide el país, sólo hay 393 alcaldesas (15 por ciento), a pesar de las previsiones legales y las acciones encaminadas a incrementar la presencia femenina.

La presidenta de la Comisión de Equidad de Género del Instituto Nacional Electoral (INE), Dania Ravel, afirma: Hemos tomado todas las previsiones para que se incremente la participación de la mujer en cargos públicos a escala federal y local. A las disposiciones legales existentes, agregó, en este proceso se adoptaron acciones afirmativas para mejorar las condiciones de competencia de la mujer y revertir la subrepresentación, que se hace particularmente más aguda en el caso de las indígenas.

La presencia femenina en los espacios públicos va a contracorriente de la estadística electoral, ya que de un total de 89 millones 123 mil 155 ciudadanos registrados en el listado nominal, 46 millones 331 mil 605 son mujeres (52 por ciento del padrón), y en las elecciones más recientes, mientras la participación masculina fue de 43 por ciento, la del sexo femenino alcanzó 51 por ciento. Incluso, en dos ayuntamientos yucatecos (Ticul y Valladolid) las mujeres que acudieron a las urnas sumaron casi 85 por ciento.

Sin embargo, los avances a escala estatal son dispares: si en los congresos de Chiapas y Nayarit representan más de 60 por ciento, en Morelos las mujeres sólo alcanzan 13 por ciento y en Puebla 28.

En las alcaldías el rezago es mayor: en Campeche no hay alcaldesas; en Guanajuato representan cuatro por ciento; en el estado de México, 16; en San Luis Potosí, cinco, y en Yucatán, siete por ciento.

Además de las disposiciones legales, subraya Ravel, se adoptaron acciones afirmativas para potenciar la presencia femenina en el Congreso federal: la lista plurinominal de senadores está encabezada por mujeres y al menos dos de las cinco circunscripciones de diputados también. Aunado a ello, se reforzó el esquema de bloques de competitividad para que los institutos políticos postulen en forma equitativa en los distritos en los que tengan mayor competitividad.

Esa disposición también abarca los distritos indígenas, pues aun cuando existe una subrepresentación de éstos en el Congreso, se agudiza con las mujeres.

De acuerdo con el INE, en la Legislatura 2012-2015 había 16 indígenas en la Cámara de Diputados y sólo cuatro eran mujeres.

Ravel destaca que si bien estas disposiciones fueron impulsadas por el INE, los institutos electorales locales, en mayor o menor medida, han adoptado acciones similares.

En la justificación de los acuerdos aprobados por el INE para impulsar estas acciones se afirma que tienen como propósito compensar o remediar una situación de injusticia, desventaja o discriminación que durante años afectó a las mujeres.