Fabiola Martínez

Explica que el gobierno de Nuevo León aportó los recursos para centros de desarrollo infantil

El PRI presentó ayer una denunció contra el Partido del Trabajo (PT) ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), por el presunto desvío de al menos 100 millones de pesos del erario del gobierno de Nuevo León, destinados a la construcción de centros de desarrollo infantil, a cuentas privadas de varios dirigentes petistas.

El secretario de Acción Electoral del PRI, José María Tapia Franco, explicó que el propósito de la denuncia de hechos es en favor de la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas, pero sobre todo (para) que el dinero público no ingrese a las campañas (electorales).

De acuerdo con la investigación de la Procuraduría General de la República, el gobierno de Nuevo León depositó 100 millones de pesos a la cuenta de María Guadalupe Rodríguez Martínez, esposa del dirigente del PT, Alberto Anaya.

Rodríguez Martínez, a su vez, hizo transferencias de parte de esos recursos a líderes regionales petistas, como Héctor Quiroz, a quien un juez ya vinculó a proceso por su presunta participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. El implicado lleva el proceso en libertad, al tiempo que las autoridades de procuración de justicia incautaron las cuentas bancarias involucradas en la presunta triangulación.

La sanción aplicable va de una multa a la pérdida del registro

El senador Tapia Franco acudió a la Fepade en compañía de la representante del PRI ante el Instituto Nacional Electoral, Claudia Pastor Padilla, quien dijo que la denuncia se extendió hasta el propio INE.

Quieren desaparecernos por aliarnos con Morena, afirma Alberto Anaya, líder del PTFoto Carlos Ramos Mamahua

Enrique Ochoa Reza, dirigente nacional del Partido Revolucionario InstitucionalFoto Luis Humberto González

Mencionó que la legislación en la materia establece sanciones desde multas, cárcel e incluso la pérdida del registro del partido político que resulte responsable de cometer delitos graves.

La comisión de delitos graves, sobre todo en relación con las cuentas y aclaraciones de ingresos de recursos a los partidos políticos, pueden constituir hasta la pérdida del registro, explicó.

El PRI documentó la denuncia de hechos con material difundido en medios de comunicación e información emitida por la Procuraduría General de la República (PGR), respecto de actuaciones contra los líderes del PT mencionados. El desvío de los 100 millones, agregó Tapia, fue usado con fines electorales.

Insistió en que no deben usarse recursos públicos en las campañas políticas y pidió que el caso no quede impune.

Hay una carpeta de investigación en la PGR y, al transferir recursos públicos a un partido político, se tipifica como delito electoral, señaló.

El PRI, agregó, vigilará que la Fepade realice las acciones que se le solicitan para que el desvío de recursos no quede impune.