Enrique Méndez y Roberto Garduño

El presidente de la mesa directiva, Jorge Carlos Ramírez Marín, informó a la sección instructora, encargada del desafuero de los diputados del PRI por el estado de Veracruz Tarek Abdalá y Alberto Silva, que atraerá ambos casos para someterlos a votación en esa instancia el próximo martes si persisten las diferencias entre los integrantes de ese grupo y no vota la mayoría el dictamen que determina la inexistencia de elementos para retirar la protección constitucional a ambos.

Ramírez Marín envió un oficio al presidente de la instructora, Ricardo Ramírez Nieto (PRI), quien le dijo que él, como cabeza del organismo, había elaborado un dictamen negativo por el cual se desechaban los señalamientos contra Abdalá y Silva, pero el panista Juan Pablo Piña y el perredista Omar Ortega no votaron su propuesta.

El presidente de la mesa directiva corrigió la plana a la determinación de Ramírez Nieto, porque la Secretaría de Servicios Parlamentarios señala que la Ley Orgánica del Congreso establece que es necesaria la votación de la mayoría de los integrantes de la sección instructora para enviarla al pleno, y esto constituye una condición limitativa y, por tanto, dicho dictamen no puede pasar al pleno para su votación.

Ramírez Marín hizo del conocimiento de Ramírez Nieto que en caso de que sea devuelto el dictamen y el acuerdo –sin la mayoría de votos– se entenderá que se delega su función jurisdiccional a la mesa directiva y, en consecuencia, ésta procederá a atraerlos y a adoptar una determinación al respecto en su próxima reunión, que tendrá lugar el martes 24 de octubre.

Antes, Omar Ortega y Juan Pablo Piña exigieron a Ramírez Marín apegarse a la legalidad y someter a consideración de los integrantes de ese órgano de gobierno y, en su caso, del pleno de la Cámara de Diputados, los dictámenes sobre los desafueros de los legisladores priístas Tarek Abdalá y Alberto Silva Ramos.

Señalaron a los priístas por dar largas a la declaración de procedencia sobre las demandas de desafuero contra los presuntos cómplices de Javier Duarte de Ochoa, ex gobernador de Veracruz, a quienes se acusa de participar en el robo de miles de millones de pesos del erario estatañ, para evitar que se les procese penalmente.