Rosa Elvira Vargas

Contar con fiscalías autónomas y a la altura del sistema de justicia penal, otra de las peticiones

Antes de elaborar una ley de seguridad interior debe instaurarse la estrategia nacional para construir una policía fuerte, técnicamente capaz y comprometida con el debido proceso, así como disponer de fiscalías autónomas a la altura de las exigencias del nuevo sistema de justicia penal y jueces garantes de los derechos humanos, y se oriente, además, al retorno paulatino del Ejército y la Marina a sus funciones constitucionales, demandó la Academia Mexicana de Criminología durante la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Frente al presidente Enrique Peña Nieto, gobernadores y funcionarios encargados de labores de seguridad, como Procuraduría General de la República, Comisión Nacional de Seguridad, Centro de Investigación y Seguridad Nacional y los titulares de las fuerzas armadas, Elena Azaola Garrido, representante ciudadana en ese órgano, indicó: ‘‘Rechazamos que una ley de seguridad interior sea la vía para la pacificación del país’’.

Dijo, sin embargo, coincidir con el planteamiento del Ejército y la Marina, pensado para defensa exterior ante enemigos de la patria, sobre los riesgos para su integridad y disciplina institucionales al hacer las veces de policías. ‘‘'Lo que cuesta trabajo aceptar es que no esté claro que el problema no son las fuerzas armadas, sino las instituciones civiles a las que hemos fallado en fortalecer a lo largo de todo este tiempo’’.

A su vez, Luis Wertman, presidente de la Red Nacional de Consejos Ciudadanos, pidió reflexionar en el legado que dejará esta administración federal.

‘‘Por mucho que hagamos en favor de la seguridad, los avances no reflejan una mejoría para el ciudadano promedio, porque sigue siendo testigo o víctima de delitos que sólo pueden explicarse por la impunidad, las complicidades, las fallas de coordinación y la ausencia de autoridad, lo que permite al crimen llenar los vacíos que muchas veces dejan algunas instituciones en prácticamente todos los niveles de gobierno’’. Y el problema no se resolverá, dijo, mientras no se reduzca la enorme desigualdad que aún priva en México.

Angélica Garnica Sosa, también representante de la sociedad civil, llamó a las autoridades de todos los órdenes a estar al frente y no atrás para atender el tema de la seguridad pública.

‘‘No sería necesario el rescate de espacios públicos ni la presencia militar en labores de seguridad, ni la división de polígonos prioritarios, si todos los municipios cumplieran con su razón de ser’’, planteó.