José Antonio Román

El gobierno mexicano debe reconocer la problemática del desplazamiento forzado interno que viven las poblaciones originarias, provocado por el saqueo y la explotación de los recursos naturales por parte de las grandes empresas, así como por motivos religiosos, conflictos comunales y disputa de tierras.

José Antonio Lara Duque, coordinador del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, señaló lo anterior y añadió que de acuerdo con cifras del Centro de Vigilancia de Desplazados Internos, se estima que en el país hay al menos unas 280 mil personas desplazadas por la violencia, cifra que se ha incrementado por la imposición de supuestos proyectos de desarrollo en zonas de pueblos originarios.

En el contexto de la visita a México del titular del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, quien llegó a territorio nacional del pasado viernes, Lara Duque señaló que el fenómeno de despoblamiento se ha incrementado a raíz de la creciente inseguridad y conflictos en los que intervienen las fuerzas armadas y las policías locales, desplazando a miles de personas de sus lugares donde habitaban originalmente.

Añadió que la visita del funcionario de la Organización de Naciones Unidas a México debe enmarcarse dentro de los esfuerzos de la sociedad civil organizada para denunciar el desalojo de sus tierras y bienes naturales de los pueblos originarios.

Si bien en México se han dado diversas situaciones paradigmáticas sobre desplazamientos forzados, es necesario ver otros desplazamientos provocados, por ejemplo, por el apoderamiento de territorios enteros a raíz de la actividad de empresas que han depredado los recursos naturales de los pueblos y comunidades originarias, apuntó.

El defensor de derechos humanos señaló que este tipo de prácticas en contra de los pueblos originarios o comunidades no sólo se da en las zonas rurales, sino incluso en las grandes metrópolis. Citó el caso concreto del despojo de agua y territorio que viven los habitantes de la delegación Coyoacán, en la Ciudad de México, en el predio localizado en avenida Aztecas, número 215, donde una inmobiliaria ha desplazado a decenas de familias para construir un desarrollo habitacional, mismo que exigirá un mayor consumo de líquido, provocando que sus pobladores carezcan de éste.