Fernando Camacho Servín

En el Museo Memoria y Tolerancia, familiares de migrantes asesinados hace siete años en San Fernando, Tamaulipas, señalaron las fallas y omisiones en que han incurrido las autoridades al investigar el casoFoto Jesús Villaseca

Siete años después de cometida la masacre de 72 migrantes en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, no hay una sola persona detenida ni consignada por los hechos, no se ha explorado la línea de investigación sobre la posible complicidad de las fuerzas de seguridad del Estado en el asesinato múltiple ni se han otorgado copias del expediente a los familiares de las víctimas.

Afirmaron lo anterior organizaciones civiles de derechos humanos que, en el contexto del séptimo aniversario de la matanza, hicieron un llamado a las autoridades a transparentar las indagatorias del caso para garantizar el derecho de las víctimas a la justicia, en lugar de verlas como enemigas del sistema.

Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), subrayó que en los siete años transcurridos desde la masacre, la actuación del gobierno ha estado marcada por la impunidad, el desprecio por los derechos de las víctimas y un tremendo hermetismo respecto de las indagatorias sobre el caso.

Sabemos que la Procuraduría General de la República (PGR) ha hecho una investigación, que hay algunas personas detenidas, pero hemos topado con muchas dificultades para tener un acceso real a las copias (del expediente). ¿Qué es lo que están escondiendo?, se preguntó.

Delgadillo lamentó que en las indagatorias no parece haber ninguna línea de investigación sobre la posible complicidad de agentes del Estado en la masacre de San Fernando, hipótesis válida si se toma en consideración que ya había estudios e informes que advertían sobre la práctica de secuestros masivos de migrantes, con la participación de funcionarios públicos.

“Se sabía que Tamaulipas era un punto de riesgo, entonces esto –la matanza del 22 de agosto de 2010– no pudo ocurrir sin que alguien se diera cuenta o hubiera participado en los hechos, pero ni la PGR ni la Comisión Nacional de los Derechos Humanos han abierto líneas de investigación” al respecto.

Ana Sandra Salinas, abogada de la FJEDD, subrayó que una de las principales inquietudes de los familiares de las víctimas es la identificación plena de todos los cuerpos, ya que todavía hay diez en calidad de desconocidos.

A lo anterior se suma el hecho de que el gobierno entregó varios restos mortuorios a familias de migrantes en Centroamérica, sin explicarles –ni siquiera en forma verbal– cómo los identificaron, sin darles un certificado de defunción y ordenándoles no abrir los ataúdes, por lo que existe una investigación en curso para determinar cómo se llevó a cabo dicho proceso.

Mirna del Carmen Solórzano, madre de la joven migrante salvadoreña Brenda Medrano, fue una de las personas que recibieron una caja en donde, según las autoridades de México, se encontraban los restos de su hija, asesinada en San Fernando, pero ella nunca creyó del todo esa versión.

“Seguimos teniendo dudas de si es o no nuestra hija –señaló–, porque no tenemos evidencias de nada y eso siempre nos ha provocado incertidumbre. ¿Por qué no nos entregaron su ropa, si es ella? Yo le pido a México y El Salvador que se pongan la mano en el pecho y nos ayuden a resolver este problema. Sabemos que ellos lo pueden hacer”.