José Antonio Román e Israel Rodríguez

La vigencia y efectividad de los derechos de la niñez y adolescencia no sólo están muy lejos de ser realidad en México, sino se encuentran en riesgo permanente de vulneración, advirtió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Este riesgo, añadió el organismo, está esencialmente en una inadecuada cobertura de sus necesidades de subsistencia ante insuficientes ingresos que tienen sus padres y tutores como consecuencia de la desigualdad y pobreza en que viven.

En un pronunciamiento con motivo del Día Internacional contra el Trabajo Infantil, que se conmemoró ayer, la Comisión Nacional alertó sobre el trabajo de niñez y adolescencia, pues vulnera sus derechos humanos y los expone a ser víctimas de explotación, esclavitud y trata de personas, fenómenos delictivos para los que no debe existir tolerancia social ni omisión de las autoridades.

De acuerdo con los más recientes datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2015 había en el país 2 millones 475 mil 989 niños, niñas y adolescentes de cinco a 17 años que realizaban alguna actividad económica, y 2 millones 217 mil 648 en ‘‘ocupaciones no permitidas’’, consideradas así porque ponen en riesgo su salud, afectan su desarrollo o bien se llevan a cabo por debajo de la edad mínima permitida para trabajar, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT). De esta cifra global, 27 por ciento son niñas y 73 por ciento niños.

Otro dato que revela la violación de los derechos de este sector de la población es que 915 mil 309 menores no asisten a la escuela por estar trabajando (36.9 por ciento). Las tres entidades federativas con mayor población de niños, niñas y adolescentes que trabajan son estado de México, con 286 mil 153 (11.55 por ciento); Jalisco, 220 mil 116 (8.89 por ciento), y Puebla, 208 mil 450 (8.41 por ciento).

El mismo Inegi, en datos contenidos en el Módulo de Trabajo Infantil (MTI) identifica los principales motivos por los cuales los menores realizan algún trabajo económico: para pagar su escuela y/o sus propios gastos, porque el hogar necesita de su trabajo, por gusto o sólo por ayudar en su casa y a su familia.

De las niñas, niños y adolescentes que están ocupados, 42.5 por ciento no recibe un ingreso, seguidos por aquellos que reciben hasta un salario mínimo (28.8 por ciento) y solamente 7.5 por ciento perciben ingresos mayores a dos salarios mínimos.

Los infantes que trabajan lo hacen principalmente en actividades agrícolas, ganaderas, forestales, caza y pesca, en la minería, la construcción y como comerciantes. Ante este panorama, la CNDH destacó que la atención que deben brindar los tres niveles de gobierno a la niñez y adolescencia debe ser integral, especialmente en las actividades en que son expuestos a ambientes peligrosos, a esclavitud y otras formas de trabajo forzado, así como actividades ilícitas como tráfico de drogas, delincuencia organizada y explotación sexual, que además de ser delitos constituyen abiertas violaciones a sus derechos, entre ellos al desarrollo de su personalidad, a la salud, a la educación, al juego, a la cultura y al deporte.

De igual forma, la Comisión Nacional exhortó al Estado mexicano a cumplir con las observaciones sobre los informes periódicos cuarto y quinto consolidados que el Comité de los Derechos del Niño le formuló ante el elevado número de niñas y niños que laboran en la minería y agricultura, así como por la ineficacia de medidas para abordar el trabajo doméstico, que afecta especialmente a las niñas.

Con este motivo, el director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Guy Ryder, instó a proteger a los niños respecto del trabajo infantil y ante conflictos políticos o catástrofes. En un comunicado, el directivo subrayó que ante estas situaciones los infantes son vulnerables, pues con frecuencia se destruyen hogares, escuelas, medios de subsistencia, y se quiebran los sistemas de protección familiar y social, lo cual aumenta los riesgos vinculados al trabajo infantil y al tráfico de personas.

Finalmente, datos de la OIT ilustran que en el mundo existen unos 200 millones de individuos que cada año son afectados por catástrofes naturales, un tercio de ellos son niños. Además, a escala global, de las 168 millones de víctimas de trabajo infantil, unos 85 millones realizan trabajos peligrosos.