José Antonio Román

Diversas organizaciones civiles y promotores del impuesto a las bebidas azucaradas, quienes fueron víctimas de espionaje por el gobierno mexicano, presentarán una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) y una queja en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a fin de que de esta agresión no quede impune.

Los objetivos de este espionaje fueron Simón Barquera, investigador del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP); Alejandro Calvillo, director de la organización el Poder del Consumidor, y Luis Encarnación, coordinador de la Coalición ContraPeso.

Los tres personajes –quienes desde hace varios años promueven un gravamen en contra de las bebidas azucaradas en México, como una medida para combatir la obesidad y las enfermedades derivadas de este mal–, recibieron entre julio y agosto pasados diferentes mensajes SMS con el propósito de infectar sus teléfonos celulares con un “malware para vigilancia”, programa comercializado por la firma israelí NSO Group, y que originalmente se usa para combatir el terrorismo y la delincuencia. Este software sólo se puede vender a gobiernos nacionales, y nunca a particulares, según la política la empresa fabricante.

Un informe de Citizen Lab y la Red de los Derechos Digitales, SocialTIC, Access Now y Amnistía Internacional, publicado el pasado fin de semana por The New York Times, evidenció que tres defensores del derecho a la salud fueron víctimas de espionaje ilegal.

En conferencia de prensa, Luis Fernando García, de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, señaló que el gobierno mexicano es un asiduo cliente de esta empresa y que el programa maliciosamente introducido en los celulares es capaz de rastrear cada llamada, leer mensajes de texto, correo electrónico, saber ubicación, identificar sonido, imágenes y hasta las teclas pulsadas en un celular.

Por su parte, Calvillo denunció que en México la defensa de la salud se ha vuelto un peligro, y aunque no señaló a nadie, dijo que las evidencias están a la vista, pues esos programas sólo puede ser adquiridos por gobiernos nacionales.

Incluso, declaró que sería ingenuo pensar que la industria refresquera y de bebidas azucaradas no tienen vínculos e influencias en las estructuras y mandos gubernamentales.

El uso de las capacidades de vigilancia del Estado, especialmente al servicio de los intereses de la industria, es a todas luces reprobable, inaceptable y es un agravio a toda la sociedad, señala un comunicado, suscrito también por Article 19.