Patricia Muñoz Ríos

Centrales sindicales nacionales e internacionales presentarán en la reunión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de Panamá un informe sobre los contratos de protección en México y los casos de las violaciones a los derechos de libertad sindical y negociación colectiva de los jornaleros de San Quintín, los mineros de Monclova, Hércules, El Boleo y Cananea, así como de trabajadores de Honda, entre otros.

La Confederación Sindical Internacional (CSI), la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), y la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSTTA) serán las encargadas de entregar un informe que detalla la expansión de los contratos de protección en México, que son sindicatos dominados por los empresarios, el gobierno o simples mafias, que con apoyo del Estado niegan la libertad sindical y ha desembocado salarios y condiciones indignas de trabajo para los mexicanos.

La copia del informe que llevarán a esta sesión de la CIDH diversos centrales obreras indica que los sindicatos blancos dominan el sistema de relaciones laborales en el país y detentan ya 90 por ciento de los contratos colectivos a escala nacional; además de que autoridades laborales tienen pleno conocimiento de su existencia, más aún, son cómplices, pues les otorgan tomas de nota y registros sin traba alguna.

Para comprobar estas violaciones, ante este organismo internacional diversos gremios presentarán los casos emblemáticos de esta situación, como el de los jornaleros de San Quintín, víctimas de servidumbre por deudas, trabajo infantil, hacinamiento, represión y bajos salarios. Luego de que el gobierno estatal firmó un acuerdo de 13 puntos para regularizar su situación laboral, los campesinos fueron amenazados para que firmaran su adhesión a sindicatos blancos o serían despedidos.

En el caso de los trabajadores de Honda, les han negado su derecho a la libre sindicalización, les impusieron un contrato de protección, les hicieron un recuento amañado en el que la autoridad permitió la presencia de golpeadores, y la empresa ha tenido injerencia total en el proceso de titularidad del contrato, según advierte el informe

También se presenta el caso de PKC Arneses, empresa finlandesa de autopartes en Ciudad Acuña, Coahuila, donde los patrones ha frustrado los esfuerzos de los trabajadores por tener un sindicato democrático y les impuso uno de protección de la Confederación de Trabajadores de México (CTM). Despidió a los representantes del Sindicato Nacional de Mineros y a cerca de 500 trabajadores simpatizantes del mismo.

Otro caso más que será llevado a la CIDH es el de los trabajadores de Monclova, Coahuila de Teksid Gunderson y PyTCO, pues la Junta Federal del Trabajo detuvo la demanda de titularidad del contrato del Sindicato Nacional de Mineros, y la empresa lleva una campaña de intimidación y despido sistemático de simpatizantes de este gremio.

Del mismo modo, el informe se refiere a la mina Hércules, propiedad de Altos Hornos de México, donde el Sindicato Minero que encabeza Napoleón Gómez Urrutia ganó una elección contra un sindicato blanco.