Dora Villanueva

Red de justicia social recomienda transformarlos en bienes fiscales

Dejar guardados en reservas internacionales los derechos especiales de giro (DEG), que está por emitir el Fondo Monetario Internacional (FMI), no será de mucha ayuda para las economías emergentes de América Latina debido a que éstas no enfrentan un problema de balanza de pagos, pero sí reiterados déficits fiscales que en la coyuntura actual han acotado su gasto en salud, vacunas y otras necesidades de inversión, reportó la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd).

En un manual sobre cómo usar esos activos, consideró que lo apropiado sería transformarlos en recursos fiscales. Además de que no hay ningún impedimento para ello en el Convenio Consultivo del FMI, hay antecedentes recientes al respecto. Ecuador, Bosnia y Herzegovina, Moldavia, Serbia, Ucrania, Mauritania y Zimbabwe usaron la asignación de DEG de 2009 para financiar su presupuesto.

Incluso en Estados Unidos, Canadá y Reino Unidos los DEG van a los ministerios de Hacienda, explicó ayer en conferencia Andrés Arauz, ex ministro de Estado en Ecuador. Al final, pasa a ser una decisión soberana, y no del banco central, en qué proporción deben guardarse o gastarse esos activos, recalca el documento elaborado por el economista, en colaboración con Latindadd.

Tras 17 meses de declarada la pandemia del Covid-19, el FMI emitirá una ampliación de DEG equivalente a 650 mil millones de dólares, que serán asignados a los países miembros del organismo el 23 de agosto próximo. A la economías avanzadas van dos terceras partes de esos recursos, a América Latina corresponderían 51 mil 400 millones de dólares. Estos activos no representan deuda; son un derecho de los 190 países miembros del organismo internacional, como mecanismo de liquidez. (https://bit.ly/3gdPNOC )

Ante la presión fiscal que han sufrido las economías de América Latina para financiar la atención de la emergencia sanitaria y programas sociales para paliar la crisis económica que ha dejado la reducción de la movilidad; a lo que se suman las dificultades para entrar a mercados internacionales y la exclusión de los programas de alivio financiero, se buscan mecanismos para que los DEG apoyen a las finanzas públicas.

Por ejemplo, en Paraguay se trabajó un proyecto de ley para que esos DEG –que son activos de reservas internacionales y en teoría deberían entrar a los bancos centrales– se puedan llevar a gasto público.

En los casos de México o Argentina, que se han pronunciado por usar la emisión para pagar deuda pública, el manual de Latindadd detalla que los DEG o su monto equivalente deben primero pasar a formar parte del presupuesto fiscal, después los países pueden depositar los recursos en sus bancos centrales. Esto aumentaría la capacidad fiscal de corto plazo de los gobiernos y además se fortalecería el nivel de las reservas internacionales, agrega.

El capital pertenece a los países

Arauz reiteró que lo ideal sería llevar estos recursos a financiar la recuperación, dada la magnitud de la recesión económica, pero esto no impide que se usen en el pago de deuda. El convenio constitutivo del FMI tiene primacía por sobre leyes nacionales; y éste dispone que los DEG son de los países miembros, no de sus bancos centrales, explicó el economista.

Patricia Miranda, coordinadora de incidencia en Latindadd, expresó que la ampliación de 650 mil millones de dólares aprobada por el FMI es una avance insuficiente para evitar la recuperación desigual que se advierte en la economía mundial. En un inicio se promovió que estos recursos alcanzaran 3 billones de dólares para evitar otra década perdida en las economías emergentes.

Dado que casi dos terceras partes de la ampliación corresponden a países de alto ingreso, es necesario que los activos emitidos por el FMI puedan transferirse a economías que sí lo necesitan, agregó Miranda.