Armando G. Tejeda

Se prevén miles de despidos y cierres de oficinas

Madrid. Las entidades financieras Caixabank y Bankia anunciaron en días recientes que tienen sobre la mesa un plan de fusión con el que pretenden crear el primer banco español, por delante del Banco Bilbao Vizcaya (BBVA) y el Banco Santander, tanto en número de clientes como en número de activos.

Es una sacudida al sistema financiero español que se ha impulsado tanto desde el Banco Central Europeo (BCE) y el Banco de España (BE) para favorecer la concentración de entidades bancarias y reducir su número de cara a superar crisis como las sufridas en 2008.

El gobierno español, del socialista Pedro Sánchez, también apoyó una operación en ciernes que ha provocado las reacciones en contra, tanto de la formación de izquierda y aliada del Ejecutivo, Unidas Podemos (UP), como de las formaciones independentistas catalanas, que incluso han maniobrado en las instituciones europeas para intentar impedir lo que todo parece ser una fusión inevitable.

El nuevo banco –que resultará de la fusión de la caja de ahorro líder en Cataluña Caixabank y la caja de referencia en Madrid Bankia– será el líder del mercado español.

Se aceleran conversaciones

La operación de fusión, que ya es analizada por los órganos reguladores y cuenta con el beneplácito tanto del BCE como del BE, se decidirá en las próximas semanas, en unas negociaciones que se han acelerado en los últimos días.

En caso de que llegara a buen puerto, la nueva entidad bancaria tendrá alrededor de 24 millones de clientes (15.7 millones de Caixabank y ocho millones 200 mil de Bankia), contará con una plantilla de trabajadores de 51 mil empleados y un total de 6 mil 600 oficinas o sucursales.

No obstante, con la fusión se prevén miles de despidos y cierres de oficinas para hacer más eficiente su funcionamiento.

La fusión también responde a una tendencia que viene de varias décadas atrás, pero sobre todo a raíz de la crisis de 2008, en la que se pretende concentrar y reducir las entidades financieras. España ha pasado de tener más de 60 cajas de ahorro y 20 entidades financieras a finales del siglo XX a poco más de las 20 actuales.

Sabadell negociaría con Santander

De hecho otro gran banco español, el Sabadell, también estaba en negociaciones con Caixabank, pero una vez conocida la inminente fusión con Bankia, Sabadell iniciará negociaciones con otras instituciones bancarias, previsiblemente con el Banco Santander.

La alianza, al margen de las complejidades financieras y bursátiles, también tiene un trasfondo político que podría complicarla.

La primera de ellas es el malestar que despertó la operación en el seno del independentismo catalán, sobre todo porque Caixabank es el principal banco de la región y el primero que decidió trasladar su sede fuera de Cataluña (a Valencia) cuando el anterior gobierno de Carles Puigdemont decidió poner en marcha la fallida declaración unilateral de independencia.

Bankia, el más favorecido con rescate en 2008

Por su parte, Bankia –un banco que surgió de la fusión de varias cajas de ahorro que tuvo como socio de referencia a la antigua Caja Madrid– se convirtió en 2008 en el principal beneficiado del rescate bancario que realizó el Estado español para evitar el colapso del sistema financiero durante la crisis.

El gobierno inyectó 22 mil millones de euros, lo que convirtió al Estado español en su principio socio, con más de un 60 por ciento de las acciones. Eso explica que la opinión del gobierno español en una operación de esta envergadura sea vital.

El actual gobierno español, formado por la coalición del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Unidas Podemos (UP), tenía dos visiones antagónicas: el PSOE, el socio mayoritario, respalda la fusión, pero los responsables de UP la ven como una mala noticia para el país, por la destrucción de empleo que se avecina y porque cierra el paso a uno de sus principales proyectos económicos: la creación de un gran banco público controlado por el gobierno.

Sin embargo, ese plan no cuenta ni con el beneplácito de las instituciones europeas, ni de los órganos reguladores españoles ni del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.