Braulio Carbajal

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) advirtió que el acuerdo por el que se emite la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el sistema eléctrico nacional violenta el estado de derecho y atenta contra la legalidad, la libre competencia y el bienestar de los consumidores, por lo que pidió su revocación inmediata.

“El acuerdo, publicado el viernes 15 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), es una violación flagrante al marco constitucional y legal mexicano”, dijo la cúpula empresarial en un comunicado firmado en conjunto con la American Chamber México y el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales.

El viernes, con carácter de urgente, la Secretaría de Energía (Sener), a cargo de Rocío Nahle García, emitió en el DOF, edición vespertina, el acuerdo mencionado, que según especialistas limita la participación de privados en la generación de energías renovables.

Ese día, minutos antes, César Hernández presentó su renuncia a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer).

Para el CCE, con dicha medida instrumentada en el ramo eléctrico, específicamente en energías renovables, la Sener usurpa facultades para incidir ilegítimamente en las reglas del sector y en las condiciones de competencia.

Dicho acuerdo se publicó sin respetar procesos legales y normativos. Esto representa un ataque frontal a la certeza jurídica de las inversiones en México, causando graves consecuencias para el país, como la pérdida de empleos, confianza de inversionistas y afectaciones a los proyectos eléctricos de todas tecnologías, aseveró.

Destacó que las inversiones afectadas están en al menos 18 estados de la República, los cuales representan recursos por más de 30 mil millones de dólares.

La medida, que ha entrado en vigor a pesar de numerosas protestas y argumentos de expertos, autoridades, representaciones diplomáticas y participantes de la industria, atropella los derechos de todos los participantes en el sector.

Explicó que la medida no sólo discrimina las energías renovables, sino también faculta a las autoridades para encarecer artificialmente la generación de electricidad y desplazar de manera arbitraria cualquier proyecto del sector privado.