Braulio Carbajal

La Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni) denunció ayer que el gobierno federal ha realizado consultas amañadas para aprobar el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, por lo que, hasta el momento, los pueblos indígenas afectados por ese proyecto están totalmente en contra.

En entrevista, Juana Ramírez Villegas, dirigente de la Ucizoni, aseguró que las consultas efectuadas por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no han sido validadas por las comunidades involucradas, debido a que no se ofreció información detallada sobre el impacto de dicho megaproyecto.

Se hicieron reuniones del INPI y Hacienda en las que prácticamente fueron a engañar a la gente. Fueron amañadas. No se obtuvo la aprobación, pues los pueblos exigieron información. Hasta el momento nuestra postura es de rechazo a esa obra, porque primero queremos datos detallados.

En contraste, Ceyla Cruz Gutiérrez, coordinadora del INPI, ha dicho que las consultas realizadas por el gobierno entre la población de la región, para conocer sus puntos de vista, han sido recibidas de buena manera, ya que los habitantes, asegura, ven que el proyecto contribuirá al desarrollo económico de la zona.

En el área sur-sureste del país existen 14 pueblos indígenas, cuya mayoría de habitantes vive en pobreza extrema, debido a que los programas sociales implementados no han cumplido su objetivo, que es un desarrollo económico equilibrado.

Simulación

Carlos Beas, habitante de la región y asesor de la Ucizoni, comentó a La Jornada que a finales de marzo del año pasado el gobierno federal simuló una consulta por conducto del INPI. En ésta se impidió tomar la palabra a los opositores al Corredor Interoceánico. Además, se llevó a cabo fuera de los 32 ejidos y comunidades que serán impactados directamente.

Añadió que unos meses después, específicamente en septiembre, por medio de la Procuraduría Agraria, instancia que desde su punto de vista no tiene la preparación para eventos de ese tipo, el gobierno organizó reuniones de 15 minutos en algunas poblaciones que serán afectadas; sin embargo, aseguró, la información fue vaga y general.

Para Ramírez Villegas, el gobierno federal se debe comprometer a brindar información clara y concisa sobre cuáles serán los efectos positivos o negativos en los 31 núcleos agrarios involucrados en el megaproyecto.

Han divagado con información mínima y sin claridad, sin decir las implicaciones en la región. Exigimos, como pueblos indígenas, ser consultados y respetados.