Julio Reyna Quiroz

Las aportaciones del gobierno federal a Petróleos Mexicanos (Pemex) ascenderían a casi 200 mil millones de pesos, casi el equivalente a 85 por ciento de sus ventas totales en el país en el primer trimestre del año y a 71 por ciento de su deuda financiera de corto plazo. Además, los recursos de apoyo rebasan el perfil de vencimiento de deuda para este año, 6 mil 600 millones de dólares (poco más de 114 mil 600 millones de pesos), de acuerdo con estadísticas oficiales.

El gobierno mexicano anunció en febrero pasado que otorgaría apoyos por 100 mil millones de pesos, unos 5 mil 200 millones de dólares, bajo diversos mecanismos, que incluyen el alivio fiscal para la empresa.

Recientemente informó que podría echar mano del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP), que cuenta con alrededor de 290 mil millones de pesos, con la finalidad de respaldarla con otros 100 mil millones.

El viernes pasado fueron anunciadas 12 medidas de austeridad para el rescate de Pemex, entre ellas la cancelación de contrataciones de asesores y la renivelación de plazas, así como la eliminación de las direcciones generales adjuntas.

Pemex comunicó que el plan de apoyo gubernamental dado a conocer en febrero consistiría en capitalización, ahorros por el combate al robo de combustible, ayudas fiscales y monetización de pagarés de pasivo laboral.

El compromiso del gobierno federal es erogar 25 mil millones de pesos en capitalización, incluida en el presupuesto; la monetización de pagarés del pasivo laboral por 35 mil millones, y ayuda fiscal entre 2019 y 2024 por unos 11 mil millones de pesos.

Ese apoyo incluye ingresos adicionales esperados por el combate al robo de combustible: 32 mil millones de pesos.

En abril pasado el secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa, dijo que el gobierno federal dispondría de 100 mil millones de pesos, provenientes del FEIP, para respaldar las finanzas de Pemex, por una única ocasión y luego de que la empresa presentara un plan de negocios creíble y atractivo.

Si el gobierno federal decidiera utilizar los 100 mil millones de pesos del FEIP, Pemex estaría cubriendo dos veces su vencimiento de deuda convenido para el primer trimestre de 2019, el cual fue de casi 51 mil millones de pesos.

La petrolera tiene una deuda financiera de corto plazo de 279 mil 780 millones de pesos al cierre del primer trimestre, unos 14 mil 437 millones de dólares, mientras el adeudo financiero de largo plazo ascendió a un billón 784 mil 162 millones de pesos, alrededor de 92 mil millones de dólares.

Así, la deuda financiera de Pemex alcanzó 106 mil 502 millones de dólares, unos 2 billones de pesos, al 31 de marzo pasado.

Para este año el vencimiento de deuda de Pemex es de 6 mil 600 millones de dólares. En 2020 será de 9 mil 600 millones; en 2021, 9 mil 300 millones; 2022, 8 mil 700 millones, y en 2023, 8 mil 500 millones.

Por otra parte, Pemex anunció a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) –agencia estadunidense que se encarga de regular y vigilar el cumplimiento de las leyes en el sector– que su Consejo de Administración asumió prácticamente las funciones de sus comités de Auditoría y de Inversiones, ante la salida de consejeros independientes.

Firmado por la administración de Octavio Romero Oropeza, director general de la empresa, el documento 20F refiere que el Consejo de Administración determinó que no cuenta con un experto financiero del comité de auditoría como solicita la legislación del mercado bursátil y de valores de Estados Unidos.

Creemos que el conocimiento, las habilidades y la experiencia combinados de los miembros de nuestro Consejo de Administración permiten como grupo desempeñar las responsabilidades de actuación como integrantes del Comité de Auditoría, comunicó Pemex a la SEC.

Además, el Consejo de Administración puede consultar con expertos externos cuando lo considere adecuado para proporcionarle asesoramiento sobre cuestiones ligadas a sus tareas y responsabilidades.

Además de esta explicación, Pemex sostuvo que, debido a que no cuenta con valores listados en alguna bolsa de valores de Estados Unidos, la empresa mexicana no está obligada a cumplir con los requisitos de independencia que se establecen en la regla 10A-3 de la SEC.