El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, ha sido espiado en repetidas ocasiones, según una investigación de The New York Times. El rotativo estadunidense afirma que el teléfono celular del funcionario fue infectado varias veces con el software espía Pegasus, incluso el año pasado, cuando estaba al frente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa.

Desde hace seis años se sabe que el mal-ware desarrollado por la empresa israelí NSO Group se emplea para intervenir las comunicaciones privadas de políticos, periodistas, defensores de derechos humanos y activistas.

En 2021, nuevas indagatorias revelaron que el espionaje estaba mucho más extendido de lo que se había pensado: aunque se desconoce el número preciso de personas cuya privacidad fue violada, hasta 15 mil fueron consideradas de interés por las instancias que manejaban el programa informático en el país.

Según se informó entonces, durante el sexenio pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador y 50 personas cercanas a él, incluida su familia, fueron blanco de seguimientos ilegales.

Debe recordarse que durante las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto el software fue adquirido por la entonces Procuraduría General de la República (PGR), el también extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y los gobiernos de Veracruz y del estado de México. El año antepasado, la Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que el sistema habría sido usado por al menos una empresa privada, KBH TRACK, lo cual contradice las afirmaciones de NSO respecto a que sólo vende su producto a agencias gubernamentales para el combate al crimen organizado y el terrorismo.

El hackeo contra Alejandro Encinas se suma a los escándalos producidos por informes anteriores que indican un uso extendido de Pegasus durante el actual sexenio, a pesar de que el gobierno federal afirma que ya no recurre a éste. El hecho es que el espionaje constituye una grave infracción a las leyes y una amenaza contra el sano desarrollo de la vida pública, por lo que se vuelve imperativo realizar investigaciones a fondo para establecer sin margen de duda si Pegasus se está empleando desde dentro del país y, de ser así, quiénes son sus operadores. Las pesquisas deben incluir la posibilidad de que el programa haya caído en manos privadas, sea de empresas formales o del crimen organizado, transferencia que fue considerada extremadamente fácil por un consultor de seguridad entrevistado por un medio británico.

En el caso del subsecretario de Gobernación, el espionaje en su contra debe leerse como parte del sabotaje contra su trabajo de esclarecimiento de lo ocurrido con los normalistas desaparecidos, y en este sentido supone un intento de obstruir la justicia. Este ataque a los esfuerzos por resolver un episodio tan doloroso de violación de los derechos humanos pone en relieve la importancia de encontrar y procesar por la vida judicial a quienes operen el malware intrusivo, sean quienes sean.

Cierto es que el combate al crimen organizado y otras modalidades delincuenciales puede llevarse a cabo por estricto mandato judicial, con mecanismos de vigilancia regulados y limitados, pero esos casos deben ser la excepción, no una práctica tan extendida como el abuso de sistemas clandestinos de intercepción de comunicaciones privadas.