Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino y otros antiguos integrantes de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI) fueron denunciados ante la Fiscalía General de la República (FGR) por lo que sería un nuevo caso de montaje para mostrar ante las cámaras la supuesta liberación de una persona secuestrada y el arresto de un grupo de criminales, a semejanza de la probada fabricación del operativo en el que fueron detenidos Israel Vallarta y la ciudadana francesa Florence Cassez, en diciembre de 2005.

De acuerdo con los denunciantes, el 13 de septiembre de 2006, 11 personas fueron detenidas en distintos puntos de la Ciudad de México y del estado de México, sufrieron tortura y se les trasladó a una casa ubicada en la entonces delegación Tláhuac. Una vez ahí, se les dispuso en varias habitaciones y se les ordenó tirarse al piso cuando escucharan un golpe en la puerta; después entraron agentes de la AFI y simularon la aprehensión de todos ellos y el rescate de un secuestrado. La esposa de uno de los hombres que continúan recluidos hasta hoy sostiene que fue violada por elementos de la AFI como método de presión para que su marido se confesara capo de una banda de plagiarios. Por estos hechos ocurridos en las postrimerías del sexenio de Vicente Fox, familiares acusan que los presos fueron víctimas de actos de tortura, privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad y fabricación de pruebas, entre otros delitos.

De probarse, estas aseveraciones se sumarían al historial del horror desatado por García Luna como hombre fuerte de Fox y Felipe Calderón en asuntos de seguridad pública. Con el paso del tiempo, se vuelve más difícil ocultar que el primer director de la AFI, secretario de Seguridad Pública durante todo el calderonato y creador de la Policía Federal que operó de 2009 a 2019, es responsable no sólo de la colusión con el crimen organizado por la que se encuentra preso en Estados Unidos, sino también de violaciones masivas a los derechos humanos y de orquestar un aparato de violencia contra la población que siguió en marcha en el gobierno de Enrique Peña Nieto a través de dicha corporación, formada por García Luna para servir a sus intereses inconfesables.

Un somero repaso de las actuaciones de la Policía Federal debe incluir el asesinato de dos estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, el 12 de diciembre de 2011, durante el violento desalojo de un grupo de alumnos de ese plantel que bloqueaba la Autopista del Sol México-Acapulco, así como las masacres de Apatzingán (6 de enero de 2015, 16 víctimas mortales), Tanhuato (22 de mayo de 2015, 42 muertos) y Nochixtlán (19 de junio de 2016, ocho asesinados). Estos tres actos tuvieron orígenes y desarrollos muy distintos (ejecuciones extrajudiciales los dos primeros y represión de un movimiento social el último), pero comparten la atroz violación de cualquier protocolo de conducta policial y de uso de la fuerza, además del empeño de las autoridades en culpar a las víctimas y garantizar impunidad a los mandos responsables.

Es evidente que García Luna debe ser investigado y judicializado para que responda por los graves atropellos de los que se le acusa pero, más allá de la persona, es necesario abrir una amplia indagatoria en torno a la oscura época en que operó la desaparecida Policía Federal, pues todos los indicios apuntan a que la cúpula de la institución estaba podrida y actuaba movida por propósitos muy distintos a los de atajar la criminalidad y resguardar la integridad de la población. Por otra parte, el surgimiento de nuevas revelaciones sobre la AFI (que estaba adscrita a la Procuraduría General de la República) exhibe la desmemoria o la hipocresía de quienes exigen un cuerpo enteramente civil para hacerse cargo de la seguridad pública, como si ello hubiese ofrecido alguna garantía de respeto a los derechos humanos en el pasado reciente.